“Más de veinte meses después de la invasión rusa, los civiles ucranianos siguen pagando un precio terrible con cerca de 10.000 muertos y decenas de miles de heridos”, se lee en las conclusiones del informe. “Durante los seis meses pasados, la guerra se cobró, de media, seis vidas civiles al día”, añade el documento.

El informe documenta los constantes ataques con misiles contra zonas residenciales e infraestructura crítica y los bombardeos rusos contra la industria del cereal y las infraestructuras agrícolas que continúan sembrando el miedo y la destrucción en toda Ucrania.

Entre los efectos de la guerra sobre la población, la investigación de la ONU destaca las consecuencias económicas que para millones de ellos tuvo la invasión rusa.

Las torturas generalizadas con palizas, descargas eléctricas, simulaciones de ejecuciones, violencia sexual y otras formas de malos tratos a las que las fuerzas rusas someten a prisioneros de guerra ucranianos y civiles en los territorios ocupados son otra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos documentadas.

El informe se hace eco también de los chantajes que sufren los ciudadanos ucranianos de las zonas ocupadas para que acepten la ciudadanía rusa, sin la que se les niega a menudo el acceso a servicios básicos.

Los ucranianos varones de estas zonas se enfrentan también a la amenaza de ser enviados al frente a luchar del lado ruso contra las fuerzas armadas de su país.

Otro de los abusos denunciados en el informe son las transferencias forzosas de niños y menores ucranianos, que en muchos casos estaban a cargo del Estado ucraniano y sufren de minusvalías psíquicas e intelectuales, de unas zonas ocupadas a otras o a territorio de la Federación Rusa.

Procesos contra colaboracionistas

Del lado ucraniano, el informe expresa preocupación por los cerca de ocho mil procesos penales abiertos a supuestos colaboracionistas hasta julio de este año. Según los datos citados, la justicia emitió sentencias condenatorias en casi todos los casos que se juzgaron.

Los acusados son, en muchas ocasiones, personas que colaboraron con las autoridades rusas implantadas en territorios ocupados por Rusia y liberados después por Ucrania que aceptaron trabajar con los ocupantes en puestos de distinta responsabilidad. Muchos de estas personas dijeron a los investigadores de la ONU haberlos aceptado bajo amenazas.

Además, el informe critica la severidad con que son perseguidos y a veces condenados delitos no violentos como la justificación de la invasión rusa en redes sociales, y pide más claridad en la legislación para evitar decisiones arbitrarias en este sentido. (Infobae/Efe)