Aproximadamente 90 personas, incluidos miembros de la comunidad masalit, fueron enterrados en una fosa común en la provincia sudanesa de Darfur Occidental (oeste), según confirmó ayer la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La organización apuntó a una información creíble sobre la implicación de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), enfrentadas al Ejército de Sudán en una guerra que estalló el 15 de abril.

La oficina que encabeza Volker Turk indicó en un comunicado que «los cuerpos de al menos 87 masalit y otras personas supuestamente asesinadas el mes pasado por las RSF y sus milicias aliadas en Darfur Occidental fueron enterrados en una fosa común en los alrededores de la capital regional, El Geneina, siguiendo órdenes de las RSF».

De la misma manera también detalló que residentes locales se vieron forzados a enterrar los cuerpos en una fosa común, lo que supuso negar un entierro decente a los muertos en alguno de los cementerios de la ciudad. «Al menos 37 cuerpos fueron enterrados el 20 de junio en una fosa común de cerca de un metro de profundidad en una zona abierta conocida Al Turab al Ahmar, en el área de Ranga, a una distancia de entre dos y cuatro kilómetros al noroeste de la sede de la Policía Central de Reserva en El Geneina», reveló.

«Otros 50 cuerpos fueron enterrados en este mismo lugar el 21 de junio», manifestó el organismo, antes de especificar que «los cuerpos de siete mujeres y siete niños estaban entre los enterrados», sin que las RSF se hayan pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

En esta línea, apuntó que información creíble señala que los enterrados en esta fosa murieron a manos de las RSF y su milicia aliada entre el 13 y el 21 de junio en los barrios de Al Madares y Al Jamarek, en El Geneina, incluidos muchas víctimas de la violencia desatada tras la ejecución el 14 de junio del gobernador de Darfur Occidental, Jamis Abdalá Abkar, poco después de ser puesto bajo custodia de las RSF.

Por ello, Turk, solicitó a las RSF y al resto de partes en conflicto que permitan y faciliten búsquedas de los muertos, su recuperación y evacuación sin distinción, tampoco por motivos étnicos, en línea con lo estipulado por el Derecho Internacional.

«Condeno en los términos más firmes el asesinato de civiles y personas al margen de los combates y estoy consternado por la forma cruel y poco respetuosa en la que fueron tratados los muertos, junto a sus familias y comunidades», dijo Turk, que reclamó también una investigación rápida, exhaustiva e independiente sobre los asesinatos para que los responsables rindan cuentas por todos estos hechos que enlutan no solo a un país, sino a todo el mundo.

En este sentido, aseveró que los testigos relataron que los esfuerzos locales de mediación para el acceso y el entierro de los muertos llevaron mucho tiempo, lo que provocó que muchos cuerpos quedaran tirados durante días en la calle». «Una familia dijo que tuvo que esperar trece días antes de recibir permiso para recuperar el cuerpo de un familiar, un alto cargo masalit muerto el 9 de junio a manos de las RSF y su milicia aliada», argumentó.

«Testigos dieron a conocer a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que en las situaciones en las que las RSF permitieron la recuperación de los cadáveres, tras una mediación de líderes comunitarios árabes y de otras comunidades, se negaron a permitir el traslado de heridos a los hospitales para que recibieran tratamiento», manifestó.

Por ello, Turk hizo hincapié en que la cúpula de las RSF y sus milicias aliadas, así como todas las partes en un conflicto armado, deben garantizar que los muertos son enterrados de forma adecuada y que su dignidad es protegida, antes de reclamar al grupo paramilitar que condene de forma inmediata e inequívoca el asesinato de personas y que ponga fin a la violencia y el discurso de odio por motivos étnicos.

La oficina de Turk, señaló además que las RSF deben registrar o permitir que trabajadores humanitarios registren toda la información relativa a los muertos, incluido hacer fotos a los cuerpos o marcar la ubicación de las tumbas, de cara a la identificación de las víctimas y la entrega de los estos a los familiares que así lo pidan.

ACUSACIONES DE HRW

El comunicado de Turk llegó apenas dos días después de que la organización no gubernamental HRW acusara a las RSF y a milicias árabes aliadas de ejecutar de forma sumaria a 28 masalit en ataque en mayo en Darfur Occidental, al tiempo que reclamó al Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue estos crímenes, debido a que son hechos que consterna en el mundo entero.

La ONG indicó en un informe que estos grupos irrumpieron el 28 de mayo en Misterei, mayoritariamente habitada por masalit, donde además mataron e hirieron a decenas de civiles antes de saquear e incendiar la mayoría de la ciudad, provocando la huida de miles de personas hacia Chad.

Los residentes localizaron los cuerpos de 59 personas en fosas comunes, si bien funcionarios locales elevaron a 97 el número de muertos, incluidos miembros de los grupos de autodefensa. HRW confirmó la muerte de al menos 40 civiles a causa del ataque en Misterei.

Las actuales hostilidades entre el Ejército y las paramilitares estallaron en el marco de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hasán al Bashir, dañada por el golpe de Estado de octubre de 2021, en el que fue derrocado el primer ministro de unidad, Abdalá Hamdok.

La guerra dejó hasta el momento más de 1.100 muertos, según el Ministerio de Salud sudanés, pero las cifras reales podrían ser mucho más elevadas teniendo en cuenta la violencia intercomunitaria desencadenada en las regiones de Kordofán y Darfur.

Además, más de tres millones de personas fueron desplazadas, incluidas casi 740.000 que huyeron a países vecinos, debido a la violencia que se vive todavía en este sector de los enfrentamientos que dejó que muchas escuelas también suspendieran sus labores diarias, perjudicando de esta manera los avances educativos del país, según datos publicados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre informaciones de atrocidades diarias y abusos sexuales a gran escala contra las mujeres y niñas del país. (Europa Press).