“Es casi imposible imaginar que la población birmana pueda soportar más sufrimiento”, dijo Turk, al hacer balance en Ginebra de una situación que acumula más de 3.700 fallecidos a manos de los militares y más de 23.700 detenciones desde el golpe.

Cifras que probablemente son mucho mayores, ya que sólo se tienen en cuenta los casos documentados y verificados, añadió el responsable de Naciones Unidas, que reclamó la liberación inmediata de todos los presos políticos, incluidos los antiguos dirigentes Aung San Suu Kyi y Win Mynt.

Considera que el país sigue su caída libre mortal hacia una violencia aún más profunda, en la que el régimen reprime cualquier atisbo de disidencia con tácticas de control, miedo y terror que se traducen en arrestos arbitrarios, desapariciones forzosas y torturas, que se extienden no sólo a las grandes ciudades sino también a zonas fronterizas donde hubo ataques brutales.

Los bombardeos indiscriminados aumentaron este año un 33 por ciento y afectan a todo tipo de objetivos civiles, entre ellos escuelas, hospitales y lugares de oración, pese a que teóricamente gozan de especial protección dentro del Derecho Internacional. El 11 de abril, 168 civiles perdieron la vida en un ataque aéreo en la región de Sagaing, apuntó Turk.

Persisten, además, los abusos sobre las minorías, entre ellos los rohingyas, una comunidad que ya huyó en masa a Bangladesh como resultado de una campaña militar lanzada por el anterior Gobierno, encabezado por Aung San Suu Kyi, que siguen sin disponer de unas mínimas condiciones de retorno. El Alto Comisionado culpó a la junta de seguir perpetrando atrocidades en el estado de Rajine, de donde huyeron la mayoría de los rohingyas.

Un tercio de la población necesita ayuda, pero la ONU acusa a la junta militar de poner todo tipo de trabas de forma deliberada. Turk puso como ejemplo el reciente paso del ciclón ‹Mocha›, una emergencia en la que las autoridades incluso amenazaron con medidas legales contra quienes difundan una cifra de víctimas mortales diferente a la oficial.

El Alto Comisionado condenó además los ataques directos contra el personal humanitario, que sufrió 40 muertes y 200 arrestos desde la asonada de febrero de 2021. «La necesidad de un acceso humanitario sin trabas en toda Birmania nunca fue más urgente», reclamó en su mensaje.

A nivel internacional, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que interpele al Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar los abusos y reclamó el cese del suministro de armas. Quiere que todos los países con influencia que ejerzan la máxima presión para que la población birmana pueda vivir en libertad. (Europa Press).