«El silencio de las voces críticas persiste en un contexto de miedo y hostigamiento generalizado por parte de las autoridades, que casi no dejan espacio para ningún debate público abierto e inclusivo», subrayó, agregando que en los meses de abril y mayo las autoridades llevaron a cabo «oleadas» de detenciones a defensores de Derechos Humanos, opositores, periodistas y religiosos.

En este sentido, informó que el 3 de mayo al menos 63 personas fueron detenidas de forma arbitraria y 55 de ellas fueron acusadas de socavar la integridad nacional. «Estos delitos son utilizados habitualmente para criminalizar a los opositores políticos y el trabajo legítimo de los defensores de los Derechos Humanos», recordó.

Asimismo, Al Nashif, precisó que a un total de seis nacionales nicaragüenses se les prohibió ingresar a Nicaragua. Su oficina, señaló, también documentó obstáculos para obtener pasaportes por parte de familiares de cualquier persona que se oponga al Gobierno.

Por otro lado, destacó que desde marzo, un total de 119 organizaciones no gubernamentales y ocho universidades fueron canceladas, mientras que también pusieron sobre la mesa la persecución contra la Iglesia Católica, recordando el caso del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por conspiración y desacato a la autoridad, entre otros cargos.

«Álvarez continua sujeto a condiciones de detención que violan las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos, como la prohibición de visitas y unas condiciones de higiene y saneamiento inadecuadas. Las cuentas bancarias de al menos tres diócesis fueron congeladas después de que la Policía Nacional acusara a la institución de lavado de dinero»,  indicaron.

Al Nashif informó además que la Policía de Nicaragua intimidó y hostigó a sacerdotes y fieles durante las celebraciones de Semana Santa, lo que llevó a la Iglesia católica a cancelar la mayoría de actos por temor a nuevas represalias.

Pero la persecución no se limita a los católicos. El pasado 11 de marzo al menos cinco indígenas fueron asesinados en el territorio de los Mayangna Wilú, mientras que otro líder de la comunidad Alal, en la reserva Bosawás, fue asesinado el pasado 24 de abril.

Por todo ello, solicitó al Gobierno de Nicaragua que revierta todas las medidas vigentes que erosionen el estado de derecho, el espacio cívico y los Derechos Humanos y exigió también la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como el restablecimiento de su nacionalidad.

De la misma forma, Al Nashif, demandó el cese de la persecución contra la Iglesia católica y el restablecimiento de la personalidad jurídica de todas las asociaciones, medios de comunicación y universidades canceladas desde 2018. (Europa Press)