Eduardo León coincide con su excliente, Gabriela Zapata, de que hay una manipulación en este caso, pero que “el libreto político” es dictado desde esferas del Gobierno, que busca que el proceso se extienda hasta 2018. Por su lado, el fiscal general, Ramiro Guerrero, arguye que las demoras se deben a la vacación judicial, y a que la imputada, por trata de personas y tráfico de influencias, no contaba con defensa legal.