El daño económico al Estado, producido a causa del caso Quiborax, ha sido consecuencia de una “desastrosa actuación en el arbitraje, responsabilidad del actual Gobierno”, afirmó el abogado Carlos Alarcón, defensa legal del expresidente Carlos Mesa, con relación a las afirmaciones del titular de Economía y Fiananzas, Mario Guillén, quien admitió la suspensión de varios proyectos que debieron ejecutarse con ese dinero.