Cuestionando la falta de capacidad demostrada por autoridades para combatir de forma eficiente el problema del narcotráfico y las mafias que operan en territorio nacional, el expresidente Carlos Mesa Gisbert, señaló que esta actividad ilícita penetró en el país cobijada por la complicidad del Movimiento al Socialismo (MAS).
Desde sus redes sociales, el líder de la principal fuerza de oposición en el Parlamento aseguró que el actual Gobierno no cuenta con la capacidad “ni la voluntad” para enfrentar el problema del narcotráfico.
En ese sentido, sostuvo que la reciente fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, durante un operativo policial que pretendía su captura, es una prueba clara de que esta actividad ilícita logró penetrar en el país con la impunidad que le permitió el masismo en todos sus años en el poder.
“El caso devela la profunda penetración de las mafias del narcotráfico en Bolivia, que se posicionaron cobijadas por la impunidad que permitió el MAS”, aseguró Mesa.
Por ello, manifestó que solo la aplicación de una política integral, con alianzas regionales, un sistema judicial idóneo y un aparato policial eficiente, podrán llevar adelante una verdadera lucha contra este delito.
Al respecto, diputado paceño Alberto Astorga, lamentó que los recientes reportes de incautaciones de droga procedente del país y la presencia de “capos del narcotráfico” de otros países en territorio nacional, dañen la imagen del país al grado que se considere a Bolivia como un refugio de estos criminales.
“Prácticamente Bolivia se está convirtiendo en refugio de narcotraficantes, en refugio de peces gordos y se observa la vinculación directa de autoridades de Gobierno que los protegen”, dijo.
Así mismo, recordó que anteriormente autoridades nacionales negaron la presencia de cárteles del narcotráfico y el crimen organizado en territorio nacional, hecho que quedó desmentido con la fuga de Marset y el descubrimiento de todas sus actividades en diferentes esferas de la sociedad.
“Llegan a Bolivia porque en el Chapare se cuenta con los insumos necesarios para fabricar droga, no hay presencia de la DEA y se pueden comprar autoridades. Se demuestra que el país se está convirtiendo en refugio para estas personas”, sostuvo.
Desde la agrupación Creemos, el diputado Erwin Bazán, afirmó que el Gobierno y el Movimiento al Socialismo han sido cercados por el narcotráfico, puesto que los indicios sobre la protección desde instituciones del Estado a Sebastián Marset, cierran un círculo de presuntos nexos con el negocio de la droga.
“Los datos y las evidencias son demasiadas para indicar categóricamente que el gobierno del MAS protege al narcotráfico. Esa es la realidad”, puntualizó.
Bazán además hizo referencia a las declaraciones del presidente de la República Oriental de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien aseguró que el gobierno de Bolivia fue informado sobre la presencia de Marset en el departamento de Santa Cruz, pero desde el Ministerio de Gobierno no se tomó ninguna acción al respecto. “El ministro Eduardo Del Castillo debe explicar al país cuál es su vinculación con este señor”, dijo Bazán en conferencia de prensa.
Recordó que en los últimos 17 años la estructura policial de lucha contra las drogas fue desinstitucionalizada por el gobierno de Evo Morales y seguida por el de Luis Arce, lo que implica que la mafia del narcotráfico penetró a las altas esferas de sistema antidroga en Bolivia.
“Cuatro exjefes antidroga, directores nacionales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico terminaron convertidos en capos del narco. ¿Podría sorprendernos que el actual director de la Felcn tenga alguna vinculación con el narcotraficante Sebastían Marset? claro que no”, acentuó.
Para el senador oficialista Félix Ajpi, los cuestionamientos dirigidos a autoridades de Gobierno responden a intensiones de la oposición para politizar el tema del narcotráfico, siendo que se trata de una problemática que no solo afecta al país.
“Lamentablemente en Bolivia tenemos unos aventureros políticos. Que se trate de utilizar estos delitos de carácter internacional para querer sacar ventajas políticas no es bueno. Estos delincuentes no distinguen el color político”, indicó el parlamentario, apuntando que este delito debe ser combatido de manera organizada y exigiendo a los gobiernos vecinos una mayor coordinación.