Se estima que las reservas de agua dulce para la capital y sus alrededores se agotarán en menos de tres semanas si no llueve. La sequía histórica que afecta a Uruguay desde hace más de tres años puso en peligro el suministro de agua potable en Montevideo, donde viven alrededor de 1,8 millones de personas, más de la mitad de la población total.

Imágenes impensadas hasta hace unos meses se volvieron comunes en Uruguay, donde se vive una de las peores crisis hídricas de los últimos 70 años. Los estantes de los comercios se ven semivacíos de agua embotellada, las protestas en defensa del recurso se suceden en las calles y se realizan perforaciones de pozos en medio de los parques verdes de Montevideo.

Según la empresa estatal encargada del suministro de agua, el 23 de junio se estableció como la fecha en que se agotará el suministro de agua potable para el área metropolitana. Sin embargo, el presidente Luis Lacalle Pou trató de tranquilizar a la población en las últimas horas, asegurando que el suministro no se va a suspender.

Se espera un alivio parcial para esta semana, con lluvias pronosticadas para el miércoles y jueves. Similar escenario se vivió a fines de mayo, cuando se alertó que quedaban 10 días de suministro, pero las precipitaciones aumentaron las reservas.

Debido a la crisis en las reservas, atribuida a la sequía, el gobierno decidió mezclar agua dulce con agua del estuario del Río de la Plata para aumentar los niveles de suministro. Esto elevó los niveles de sodio y cloruros en el proceso de potabilización, lo que se traduce en que el agua que sale de los grifos de la ciudad tiene un sabor salado. Esto plantea riesgos para la salud, especialmente para las personas con enfermedades

crónicas, según advierten las sociedades médicas y la Facultad de Medicina.

La empresa estatal de aguas (OSE) informó que se detectaron niveles de cloruro y sodio por encima de lo permitido en una de las principales líneas de bombeo hacia Montevideo. Los valores promedio encontrados fueron de 448 miligramos por litro de sodio y 734 miligramos por litro de cloruros, superando los límites establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

La crisis generó polémicas políticas, con acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades. La oposición del Frente Amplio afirma que dejó en marcha en su última administración (2014-2020) el financiamiento de una segunda represa (Proyecto Casupá) para abastecer de agua potable al área metropolitana, con un costo de 100 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno actual descartó esta idea y propuso un proyecto privado (proyecto Neptuno) para extraer agua del Río de la Plata por 258 millones, que comenzaría a construirse el próximo año.

En medio de esta situación, se presentó propuestas como la eliminación de impuestos para el agua mineral y las sodas embotelladas hasta que el agua suministrada por OSE en el área metropolitana sea considerada potable por el Ministerio de Salud Pública. Además, se solicitó medidas de exoneración de tarifas para los sectores vulnerables y un plan claro y concreto para escuelas, hospitales y cárceles, junto con la intervención en el mercado del agua embotellada. Hasta el momento, el gobierno no respondió a ninguno de estos planteamientos.

La ciudadanía se movilizó en contra del aumento de la salinidad del agua, con marchas hacia la Torre Ejecutiva y el Parlamento, convocadas por la Coordinación por el Agua, un colectivo que busca defender e…