La presidenta Xiomara Castro anunció el miércoles pasado el regreso del control del sistema carcelario, dominado por pandillas y bandas del crimen organizado, a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en un viraje en su propuesta de desmilitarizar la seguridad, tras la mortal reyerta en el penal femenil entre miembros de las pandillas Barrio 18 y su rival Mara Salvatrucha.

«La vida y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes la garantiza la Constitución. Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles y vamos sobre los autores intelectuales que operan desde afuera», dijo en un tuit el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.

Centenares de reos, muchos con sus cabezas rapadas, en pantalones cortos y sin camisas, y muchos de ellos tatuados, fueron sentados en el piso, muy pegados, en filas, mientras se hacían sendas inspecciones en dos penales de alta seguridad el lunes.

Los reclusos eran vigilados muy de cerca por efectivos militares vestidos con ropas de combate, fuertemente armados y con los rostros cubiertos, en la cárcel de alta seguridad de Támara, situada unos 15 kilómetros al norte de Tegucigalpa, según material difundido por el Ministerio de Seguridad.

Las imágenes recuerdan las operaciones lanzadas en la vecina El Salvador por fuerzas militares en una controversial «guerra» contra las violentas pandillas, en la que han sido capturados más de 60.000 miembros de las maras dedicadas a la extorsión, el sicariato, tráfico de drogas, sangrientas venganzas y disputas de territorio, entre grupos rivales.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán Antonio Coello, dijo que además del sobrepoblado penal de Támara, donde se encuentran hacinados unos 4.200 reos en una estructura con una capacidad para alojar 2.500, también estaba siendo tomado el penal de alta seguridad La Tolva, a unos 65 kilómetros al este de la capital y con 1.963 reos.

Las hacinadas y derruidas cárceles en Honduras, donde unos 20.000 reos viven en condiciones de insalubridad, una precaria alimentación y donde domina la corrupción de los custodios, son controladas por grupos de crimen organizado, según expertos.

Las hacinadas 26 cárceles del país son escenarios frecuentes de sangrientas reyertas.

En las operaciones del lunes en el penal de Támara, donde fueron sometidos los reos por los militares y extraídos de los módulos hacia áreas abiertas, una requisa consiguió pistolas, ametralladoras, municiones, cargadores y granadas en el área ocupada por Barrio 18, las autoridades lo describieron como un «arsenal».

«Aquí se acabó la corrupción en los centros penales, vamos a controlarlos y no vuelvan a salir de aquí llamadas para ordenar extorsiones o ejecuciones», dijo el jefe de la PMOP, coronel Fernando Muñoz, en conferencia de prensa.

Castro incorporó también a las fuerzas a las operaciones de seguridad lanzadas en todo el país, que en principio solo cumplía la policía y una fracción de la PMOP, en la lucha contra el crimen organizado en diciembre, desde cuando se impone un estado de excepción en las ciudades y poblados más golpeados por la violencia delictiva. (Reuters)