La Comisión de Investigación Internacional Independiente, impulsada por el Consejo de la ONU sobre los Derechos Humanos y que viajó diez veces a Ucrania, actualizó ayer sus conclusiones, básicamente para confirmar que la situación sobre el terreno apenas cambió y la violencia sigue siendo una constante.

En este sentido, subrayó su profunda preocupación por la magnitud y la gravedad de las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas de Rusia, a las que siempre encaró su falta de colaboración.

La organización internacional no confirmó que se esté cometiendo un delito de genocidio, un término que resume la persecución sistemática de un determinado colectivo, pero sí apuntó que algunos de los mensajes que llegan desde Moscú y que se replican en medios afines pueden constituir incitación al genocidio. «La Comisión continúa investigando este asunto», alegó en un comunicado.

Lo que sí parece cada vez más claro es la comisión de crímenes de guerra. Los investigadores confirmaron ataques contra viviendas, instalaciones médicas, estaciones de transporte y establecimientos comerciales, pese a que el Derecho Internacional protege de manera clara los enclaves que pueden provocar efectos directos o indirectos sobre la población civil.

En las regiones de Jersón y Zaporiyia, que están controladas parcialmente por las fuerzas rusas, éstas llevaron a cabo un uso sistemático de torturas contra personas a las que señalan por ser, supuestamente, informantes de las fuerzas ucranianas. «En algunos casos, la tortura alcanzó tal brutalidad que llevó a la muerte de la víctima», señala el comunicado.

El informe recoge testimonios de algunas de estas víctimas, como una persona que confirmó que sufrió descargas eléctricas. «Cada vez que respondía que no sabía o no recordaba algo, me daban descargas. No sé cuánto duró, (pero) parecía una eternidad», recordó.

Además, en Jersón los efectivos rusos también abusaron sexualmente de mujeres de entre 19 y 83 años. Según la Comisión, en gran parte de los casos, las violaciones se producían mientras familiares estaban recluidos en habitaciones cercanas desde las cuales podían escuchar cómo ocurría todo.

Otro de los frentes abiertos por los investigadores tiene que ver con el traslado de niños, un tema por el que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) llegó a imputar al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Desde la ONU, detectan una falta de claridad y transparencia por parte de las autoridades rusas, que siguen sin justificar de manera fehaciente los motivos de lo que parecen traslados forzosos. (Europa Press)