Tras la reciente presentación de una denuncia penal contra Evo Morales, Álvaro García y Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), por un presunto “autogolpe” en 2019, legisladores sostienen que el partido en función de gobierno recurre al denominado “caso golpe” para amedrentar a la oposición y beneficiar a sus aliados políticos.

Para la legisladora de oposición Alejandra Camargo, los planes de Morales y su cúpula en 2019 son de conocimiento de toda la población, provocar una crisis política para hacer parecer que su renuncia, voluntaria, fue un “golpe de estado” y así mostrarse como la víctima de los hechos tras la movilización ciudadana que rechazó el fraude.

“Fueron varias la señales de que este fue el caso, sin embargo, hace poco un diputado del ala ‘arcista’ reveló que Morales pidió a dos sectores sociales que en 2019 se pronuncien y pidan su renuncia. Ese dato, viniendo de una fuente no opositora, es valioso pues se trata de una prueba contundente de lo que nosotros ya sabíamos”, indicó.

En ese sentido, calificó como cuestionable que ni el expresidente, ni sus excolaboradores hayan enfrentado procesos por la consumación de este plan, por el contrario, se encarceló sin un proceso debido a la expresidenta Jeanine Añez y al actual gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, la primera por asumir la presidencia por sucesión constitucional, y el segundo por liderar las movilizaciones pacíficas en 2019.

Por ello, afirmó que el partido de Gobierno utiliza el “caso golpe” para mantener a las voces opositoras “bajo constante amenaza” y para continuar repartiendo cuotas de poder entre actores políticos y grupos afines, “es un negociado en una cadena de favores”, indicó.

La semana pasada, un grupo de activistas en representación de Plataformas Ciudadanas por la defensa del 21-F, presentaron una denuncia penal contra Evo Morales, Álvaro García Linera y el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, para que sean investigados por un presunto “autogolpe” en 2019.

La denuncia por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y organización criminal, busca que se establezcan responsabilidades por la crisis política y social que vivió tras descubrirse el fraude electoral en los comicios generales de 2019.

Semanas atrás, dos legisladores del Movimiento al Socialismo aseguraron que Morales instruyó a los dirigentes de las organizaciones sociales, del Pacto de Unidad y de la COB, que pidan su renuncia, antes que este pedido sea realizado por comandantes de las Fuerzas Armadas.

Afirmando que las acciones de los denunciados, generaron convulsión social al punto de casi llevar al país a una guerra civil, el activista Vladimir Machicado, señaló que con las revelaciones de los dos diputados oficialistas quedó demostrado que la renuncia de Morales fue planeada, descartando por completo la versión del “golpe” que se maneja desde el Gobierno.

Al respecto, Camargo destacó la oportuna acción de las plataformas al aprovechar estas declaraciones para presentar una denuncia contra los que planificaron salvar a Morales del fraude cometido y posicionarlo como víctima de un inexistente golpe de Estado, provocando una “herida profunda” en la política boliviana que aún no puede sanar.

“Morales, García y Huarachi, deberán declarar ante el ministerio Público sobre actos de instigación pública, asociación delictuosa y organización criminal. Aunque sea algo simbólico y la demanda no prospere porque sabemos de antemano que la justicia está manejada por el partido azul, es esperanzador saber que habemos muchos que no dejaremos de defender la verdad, ni dejaremos que se olvide quiénes son y fueron los verdaderos artífices del terrible episodio para la historia del país”, concluyó.