Los manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, concluyeron su marcha frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para reprochar que esta judicialización del proceso busca “dudar del pueblo que ya fue a las urnas a elegir a sus futuros gobernantes”, según recoge el diario guatemalteco ‘Prensa Libre’.
Así, exigió a las autoridades que se publiquen los resultados oficiales y garanticen la segunda vuelta electoral, prevista para agosto. “Estamos acá para que sepan del descontento estudiantil y de la población. Vamos a gritar y manifestar para que se oficialicen los votos porque eso es la democracia, no como ellos quieren con los retrasos que alteran y vulneran la soberanía de Guatemala”, afirmó el secretario general de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Fernando Villagres.
Mientras, el TSE solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dé por concluido el proceso de revisión de escrutinios que ordenó a raíz de un recurso presentado por nueve partidos políticos conservadores tras entregar un informe sobre la orden revisión de escrutinios y cotejo de actas emitidas por el CSJ el pasado viernes.
La CSJ ordenó mantener la suspensión de la publicación de los resultados oficiales a la espera del informe requerido al TSE, por lo que los partidos políticos esperan que una vez remitido este documento se dé luz verde a la segunda vuelta.
Los primeros resultados sitúan a Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, como las opciones más votadas (15,86 y 11,78 por ciento), con lo que se disputarán la Presidencia en segunda vuelta el próximo 20 de agosto.
Precisamente Torres apuntó en rueda de prensa que esperan poder comenzar cuanto antes la preparación de la segunda vuelta. “Ayer (viernes) la CSJ emitió un proceso de debida ejecutoria sobre el amparo de la CC (Corte de Constitucionalidad), pero que no tiene nada qué ver con los resultados presidenciales y vicepresidenciales”, dijo.
Juan Gerardo Guerrero, del Movimiento Semilla, recordó que la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia fue emitida con la firma de la magistrada presidenta, Patricia Valdés. “No es una decisión tomada por un órgano colegiado en su totalidad, ya que es un decreto firmado únicamente por la magistrada presidenta, la magistrada Valdés. Ese tipo de decisiones debe llegar la firma de todos los integrantes”, ha argumentado.
Así, desconocen si la resolución fue emitida en consenso con el resto de los magistrados de la CSJ o si se resolvió de forma unilateral por quien firmó el documento, con lo que incurriría en una extralimitación de sus atribuciones. “Un decreto nunca resuelve el fondo del asunto y nunca ordena, eso se hace a través de auto o sentencias de conformidad con la Ley del Organismo Judicial. Un decreto es solamente para darle trámite a solicitudes”, añadió.
Mientras la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha expresado su preocupación por la judicialización del proceso electoral y ha pedido no dilatar la publicación de los resultados del 25 de junio.
“Es inédita la forma como la Corte Suprema de Justicia se involucra en temas políticos. Es un tema muy delicado. La corte debe resolver lo más pronto posible, debería ser un proceso normal, pero vemos situaciones que afectan el curso de un proceso democrático y que podría retrasar los momentos constitucionales para la segunda vuelta”, declaró un analista de acción Ciudadana, entidad que integra el Mirador Electoral, Eddy Cux. (Europa Press).