“Prefiero mil veces morir defendiendo lo legal a seguir viviendo y que mis hijos piensen que yo he sido corrupto. Mi nombre no se va a utilizar para lavar la imagen de nadie”. Con esas palabras, Marco Antonio Aramayo Caballero, quien fue director del Fondo Indígena, rechazó someterse a un juicio abreviado, admitiendo una culpa que aseguró no era suya, en el caso del millonario desfalco a esa institución.

El hombre de “convicciones fuertes”, como lo recuerda hoy su abogado, falleció el 19 de abril de 2022, días después de arribar de un viaje a Santa Cruz, víctima de la persecución judicial iniciada durante el gobierno de Evo Morales, luego de estar siete años preso, sufrir una serie de actos de tortura y afrontar más de 200 procesos.

Al igual que a Aramayo, a Félix Becerra, quien fue máximo dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), emisarios, a los que vincula con el partido de Gobierno, se le acercaron cuando estaba preso en San Pedro, en 2015, para sugerirle que se someta a un proceso abreviado para salir libre.

Por supuesto, Becerra no aceptó autoincriminarse. Hoy, cuando aún cumple una detención domiciliaria en su comunidad Challa Grande, en el altiplano de Cochabamba, recuerda aquel episodio con una sonrisa, pero con profunda indignación.

Los de Aramayo y Becerra son dos de los casos paradigmáticos que muestran las características de una estrategia del poder político para crear “chivos expiatorios”, la cual trabó la posibilidad de una investigación profunda. Sobre la base de los antecedentes judiciales, entrevistas y revisión de documentos se detectó al menos cinco rasgos de esa estrategia: 1) Procesos y persecución judicial contra el principal denunciante, 2) El “direccionamiento” de la investigación, 3) Multiplicidad de casos contra una misma persona radicados en varios departamentos, 4) La negativa al pedido de la acumulación de casos, y 5) Ofertas a los procesados, a través de emisarios, para que se inculpen y se sometan a procesos abreviados.

En el caso de Aramayo, su abogado asegura que en varias ocasiones le plantearon la salida del proceso abreviado. “A Marco no una o dos, sino más de 100 veces, el anterior Gobierno, el gobierno de transición (de Jeanine Añez) principalmente, le han dicho ‘declárate culpable, ándate a un proceso abreviado y tu suplicio termina, los procesos desaparecen, se acumulan (los casos) como quieres, declárate culpable’”, comenta Castellón. ¿Cuál era el fin? “un chivo expiatorio”, responde.

“MODUS OPERANDI”

En criterio del abogado y experto en defensa de Derechos Humanos, Franco Albarracín, durante el gobierno de Evo Morales, se implementó un “modus operandi” para librar de responsabilidad penal por el desfalco a directivos del Fondo Indígena y a altos dirigentes del Pacto de Unidad, esto con el fin de procesar sólo a funcionarios y representantes indígenas que no tenían un peso político en el Movimiento al Socialismo (MAS).

En esa línea, Albarracín menciona que se pueden identificar al menos cinco elementos recurrentes de esa forma de proceder: 1) En la mayoría de los casos sólo se procesó a dirigentes campesinos de bajo nivel, los que figuraban como representantes legales de los proyectos y a Aramayo, como parte del supuesto juzgamiento a funcionarios; 2) Hubo una “instrumentalización del Ministerio Público”, con el fin de “direccionar las investigaciones y no perjudicar a las altas esferas del Gobierno o a altos dirigentes del Pacto de Unidad”; 3) Se imputó y detuvo a sindicados, pese a no tener indicios suficientes, cuando la responsabilidad en el mal manejo de los recursos involucraba a directivos y dirigentes de alto rango; 4) Las detenciones dieron lugar a la vulneración de derechos humanos en otros aspectos; y 5) Las detenciones arbitrarias fueron usadas como instrumento de amedrentamiento contra quienes se atrevieran a hacer las denuncias.

“Entonces, el modus operandi gubernamental tenía el fin de hallar un chivo expiatorio al hecho de corrupción. Además, la protección a los altos dirigentes del Pacto de Unidad, no era siquiera por definiciones ideológicas, sino que era una protección con un trasfondo político, de carácter prebendalista. El Gobierno decía: ‘Yo te protejo y a cambio tú sales a las calles o asumes responsabilidad en situaciones de crisis en favor del Gobierno’. Esa era la forma de proceder”, concluye Albarracín.

EL “INFIERNO”

DE BECERRA

Félix Becerra, ex Jiliri Apu Mallku del Conamaq, cree que las hierbas de su región (Challa Grande, Cochabamba), que diligentemente le llevaron su padre y su esposa, lo salvaron de un destino similar al de Aramayo. Tomaba esos mates a diario, por las mañanas y tardes, considera que esa terapia lo ayudó a cuidar su salud y a no preocuparse. Si bien reconoce que el caso de Aramayo y el suyo son, en el fondo, diametralmente diferentes, no sólo por la cantidad de casos sino por otros aspectos, lo que vivió a fines de 2015 lo recuerda como un “infierno”.

Y el “infierno” se desató en su contra cuando vio su nombre en la prensa, relacionado con una noticia sobre el desfalco del Fondo Indígena. Decidió presentarse en La Paz de forma voluntaria.

El día que partió de su casa, aunque era consciente de que podría ser encarcelado, prefirió no hablar del tema con sus hijos, solo les recomendó que se porten bien y cumplan sus deberes, mientras él salía de “viaje”. Pero fue franco con su esposa, quien en ese momento ocupaba un cargo como concejal de ese municipio.

“No sé si voy a volver o me van a detener”, le dijo Becerra a su pareja cuando partió con un poco de ropa en su mochila y con los documentos con los que pretendía probar su inocencia.

Ocurrió lo que menos quería. Fue aprehendido el 12 en noviembre de 2015 y luego fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro.

El proyecto por el que fue detenido fue elaborado por su antecesor en el cargo, pero la responsabilidad recayó sobre él porque firmó el recibo del desembolso inicial. El proyecto se trataba de un curso del idioma ruso dirigido a un grupo de 18 jóvenes, miembros de sectores sociales afines al MAS, quienes irían becados a Rusia. Fue encarcelado pese a presentar todos los documentos y detallar a los fiscales y el juez, cómo se gastó el adelanto.

Durante los primeros cuatro meses en prisión recibió la ayuda de sus amigos de La Paz, quienes lo visitaban. Fue llevado a la sección El Palmar. Allí, con el apoyo de otros reos incursionó en la costura y llegó a conseguir una fuente de ingresos: 10 bolivianos diarios por costurar prendas deportivas. En su pueblo, Becerra aún luce uno de los deportivos elaborados por él en San Pedro.

Durante su encierro, las cosas tomaron un rumbo inesperado en su casa. Su hijo mayor bajó en sus calificaciones y otra de sus hijas se aplazó. Incluso luego de su retorno a su casa, la hija de Becerra dejó los estudios y ahora también se dedica a la costura.

Los cargos en contra del dirigente generaron división en su comunidad, entre los que lo apoyaban y los que estaban en su contra. Las dudas atormentaban a su familia, al extremo de que su padre le preguntó: “¿De verdad has robado?”. El hijo le aclaró que no había robado nada y que podía probarlo. Entonces el progenitor le exclamó: “¿Por qué te has metido a esto de dirigente, waway?”.

Becerra sostiene que lo metieron preso por vendetta. “Es la venganza del MAS”, le respondía a su padre ante la interrogante. No faltó alguien que le recordó su apoyo a los indígenas del Tipnis y le hizo suponer que debía “pagar” por ello.

Asegura que las dos veces que le plantearon acogerse a un juicio abreviado, a cambio de dejarlo libre, admitiendo un delito que no había cometido, en su interior se decía: “ni siquiera un centavo he robado”.

En la actualidad, se dedica al tejido de hermosos diseños característicos de la cultura Quechua, cuya venta le ayuda a mantener a su familia, pero señala que ese dinero le alcanza para pagar un abogado y cerrar su caso. No obstante, sonríe mientras admite que si tuviera esos recursos, preferiría invertir en la educación de sus hijos.

Entre todas las pérdidas que Becerra contabiliza por su paso por la cárcel, también toma en cuenta la de su liderazgo. El dirigente considera que antes de ser acusado injustamente, tenía el apoyo político necesario para llegar a “altos cargos”, pero el proceso en su contra lo perjudicó. “Con estas situaciones, he perdido mi liderazgo”, lamenta.

Cuando recobró su libertad, en noviembre de 2017, luego de que un juez le concediera detención domiciliaria, decidió no decir nada a su familia, porque la noticia era tan buena que temía que su anuncio trastoque su salida de la cárcel. Solo cuando lo “botaron” de San Pedro, tomó un teléfono prestado, llamó a su casa y avisó de su inminente retorno.

Sus hijos no durmieron, Becerra recuerda que al bajar del bus, en medio de la pampa sus cinco niños (hoy son seis) lo esperaban a un lado del camino. “Me abrazaron y esa noche hemos dormido todos en un catre”.

UN HISTÓRICO DE LOS QHARA QHARA

Epifanio Pacheco no llegó a estar detenido en ninguna cárcel, pero tuvo que viajar por varios departamentos del país, junto a su abogado, para demostrar su inocencia. Fue Director de Proyectos del Fondo Indígena hasta 2013. Pero antes de eso fue un representante histórico de la nación Qhara Qhara.

Su abogado, Sergio Vildozo, indica que tuvo que afrontar 12 procesos, abiertos en cinco departamentos, a los que califica como una “persecución sin límites”. Ninguna de las causas llegó a sentencia, algunas estaban a puertas de juicio. “Ha tenido varios procesos en todo el territorio nacional”.

EL HUELGUISTA “MANOS LIMPIAS”

La detención preventiva de Teodosio Jumpire Poma fue uno de los hechos que hizo noticia aquel fin de año de 2015. El 8 de diciembre, tras la resolución del juez, el dirigente intercultural oriundo de los Yungas de La Paz declaró tener “el corazón y las manos limpias”. Fue procesado por incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Fue representante legal de un proyecto relacionado con la producción de café.

Su nombre, no obstante, no tardaría en estar de nuevo en la palestra pública, dado que junto a otros detenidos preventivos por el caso Fondo Indígena, en febrero de 2016, formó parte de la huelga que lideró Marco Antonio Aramayo, exdirector de esa entidad, para exigir que Nemesia Achacollo, entonces ministra de Desarrollo Rural, fuera citada por el Ministerio Público.

Con esa medida de presión, además, el grupo solicitó “un juicio justo y acumulación de todos los casos”. En el transcurso de su reclusión, no obstante, Jumpire llegó a considerar “lesionados sus derechos a la libertad y a la defensa”. En noviembre de 2017, interpuso una acción de libertad y denunció que cuando apeló el rechazo al recurso de cesación preventiva, que había presentado meses antes, la resolución no fue enviada al tribunal de alzada y que cuando solicitó la remisión, los funcionarios del juzgado le dijeron que el audio de la audiencia “se habría extraviado y ni siquiera se había designado el personal encargado de transcribir dicha audiencia”.

La sentencia constitucional 0465/2020-s1, emitida el 8 de septiembre de 2020, da cuenta de que Jumpire -quien había realizado la medida del ayuno voluntario por un “juicio justo”- presentó el 23 de noviembre de 2019 un memorial, para pedir la aplicación de “procedimiento abreviado”.

En ese documento se constata que existe la sentencia 565, del 8 de noviembre 2019, emitida por el Juez de Instrucción Penal Segundo de La Paz, mediante la cual se “dispuso la aprobación de la salida alternativa de procedimiento abreviado”. Jumpire, no obstante, tuvo que interponer una acción de libertad porque -argumentó- “habiendo cumplido los referidos cuatros años de privación de libertad”, manifiesta que “continúa indebidamente detenido”. Al final, la Sala Constitucional Primera de La Paz le concedió la tutela.

ARAMAYO CONTINÚA SU LUCHA

A diferencia de Becerra, Aramayo ya no podrá volver a su casa ni ver a su hijo. Sin embargo, el caso del Fondo Indígena aún sigue demarcando los horizontes de ambos. Becerra dice que como le falta dinero para terminar su caso, buscó a varias instituciones para que le presten un abogado que no le cobre mucho, porque quiere “que investiguen lo que es la verdad”. Respecto a Aramayo, su familia presentó una denuncia para dar con los autores de la tortura y las vejaciones que sufrió durante los siete años que estuvo preso en San Pedro y que provocaron su muerte.

Este es un fragmento del reportaje que forma parte del proyecto “Visibilización de la situación de riesgo de defensores de derechos humanos en Bolivia”, desarrollado por el CEDIB en alianza con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y con el apoyo de la Embajada de Alemania en Bolivia. (Visor21).