La aprehensión de siete mineros cooperativistas que los últimos dos días destruyeron jardineras y ocasionaron destrozos en tres instituciones públicas de la ciudad de La Paz, contrasta con los seis años de cárcel que cumplen activistas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que presuntamente pintaron leyendas en las paredes de la Fiscalía, en la ciudad de Sucre, según manifestó el abogado Jorge Valda a EL DIARIO.

El jurista recordó que en meses precedentes Mario y Fabio Bascopé, además de Yasir Molina, los tres miembros de la RJC, fueron sentenciados a seis años de prisión, acusados por supuestamente haber provocado daños a la propiedad del Estado.

Asimismo, recordó que tres activistas que fueron aprehendidos en una marcha en la ciudad de La Paz, estuvieron con detención preventiva por más de un año, solamente por portar cascos y escudos. “Supuestamente tenían material explosivo, que eran petardos”.

El jurista apuntó también que luego de la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, más de 30 personas fueron detenidas en Santa Cruz.

“Esto representa que la Justicia y la Policía actúan de un modo diferenciado en contra de unos y otros, porque lo que hemos visto, por ejemplo, en el paro de los 36 días, la Policía salió a desbloquear con violencia, utilizando de manera desproporcionada gases lacrimógenos e incluso actos de violencia contra las personas. Lo que ocurre con los mineros es que (los policías) actúan totalmente pasivos a pesar que ellos (mineros) están provocando un riesgo para la salud y la vida con este tipo de detonaciones (dinamita)”, dijo.

En ese marco, recordó que los productores de coca afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) fueron enviados a prisión bajo la presunción de tráfico ilícito de armas, solamente por haber realizado una protesta con artefactos, como petardos.

“El hecho de usar dinamita, atacar a la prensa, a los ciudadanos, realizar actos como el secuestro, privación de libertad a funcionarios, generando un escenario de caos, eso ni siquiera es visto por la Fiscalía y las personas detenidas salen a las seis u ocho horas porque existe una alianza entre el Gobierno y los cooperativistas”, aseveró.

GOBIERNO

Por otro lado, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, denunció ayer daños a bienes públicos y actitudes violentas por parte del sector movilizado e instó a sus dirigentes retomar el diálogo con los ministros del área.

El lunes, cerca de 15 mil mineros instalaron 20 puntos de bloqueos en diferentes arterias de la ciudad de La Paz, distribuyéndose en la zona Central, Norte, Sur, Sopocachi y Miraflores.

Ríos enfatizó que el derecho a la protesta no puede anteponerse a otros derechos como el del libre tránsito, a la salud y al trabajo, que se vieron vulnerados por las medidas de presión asumidas.

Asimismo, un grupo de 300 a 400 personas atacaron el lunes las instalaciones de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), haciendo uso de petardos, piedras y dinamitas, los mineros arremetieron violentamente contra esta infraestructura. A consecuencia, la Policía aprehendió a siete personas por el delito de destrucción o deterioro de bienes y la riqueza nacional tipificado en el Código Penal.

Asimismo, aclaró que la Policía ya activó un plan para contrarrestar la movilización con el despliegue de dos mil efectivos en la urbe paceña, para poner en resguardo las instituciones públicas.

Precisó que los aprehendidos están a la espera de la audiencia cautelar, donde un juez definirá su situación jurídica.