“Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos”, expresó la organización y señaló que, en la última década, también documentó 40.351 violaciones al derecho a la integridad personal, que abarca malos tratos y tortura.
Provea afirmó que agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) asesinaron a cientos de personas en Venezuela envalentonados por la impunidad estructural y el discurso de mano dura que dio pie a la masacre por goteo.
Señaló que la Fiscalia de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en 2017 a raíz de toda la documentación que se le pudo hacer llegar con el trabajo de activistas y con los testimonios de familiares de las víctimas o las propias víctimas.
Por otra parte, Alvarado también indicó cuáles fueron los dos períodos más duros de la represión del régimen de Maduro desde 2013.
“Uno abarca del 2015 al 2017 con la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y las matanzas de jóvenes pobres que realizan policías y militares en esos denominados ‘operativos de seguridad’; que luego continuó la FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía) de 2017 hasta el 2022, cuando fue disuelta”, contó Alvarado.
“Luego estuvo la represión del 2017, que tiene características distintas porque se cometió con un uso excesivo de la fuerza frente a la protesta social que dejó un saldo de 143 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno.”, dijo Alvarado y recordó que las violaciones a derechos humanos del 2017 también fueron acompañadas con la aplicación intensiva de justicia militar a civiles y el comienzo de la utilización de tribunales antiterroristas para asociar protesta social con terrorismo.
Nicolás Maduro cumplió el último viernes 10 años de su llegada al poder en el Palacio de Miraflores tras la muerte de Hugo Chávez y su victoria en las elecciones de 2013 con una diferencia de menos del 1% en los votos contra la oposición. Una década oscura para los derechos humanos en Venezuela, consideró Provea. (Infobae).