Ante el aumento de la demanda de combustibles y la erogación de recursos que supera cada año lo presupuestado para la compra de hidrocarburos para venderlo en el mercado nacional a precios subvencionados, el Gobierno activó la «política de control y lucha contra el contrabando de combustibles», en la que participarán policías, personal de aduana y militar.

La política de Estado fue oficializada ayer por los ministros de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; de Defensa, Edmundo Novillo; el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, entre otras autoridades, en la Casa Grande del pueblo.

Como se recordará, el presupuesto para la compra de combustibles en la gestión 2022 estaba en el orden de 700 millones de dólares, pero al finalizar el año, la erogación alcanzó los 1.700 millones, y para la presente gestión se elevó a 1.000 millones.

Los economistas indicaron que las subvenciones que aplica el Gobierno requiere alrededor de 2.000 millones de dólares al año, y la compra de combustibles alcanza un porcentaje de alrededor del 80%, tomando en cuenta los datos de la pasada gestión.

La subvención y al compra de combustibles son los que requieren más recursos, así como dólares, por ello los economistas y expertos en el tema recomendaron reducir el beneficio o buscar alternativas para que llegue a los más necesitados.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que se trabajará en 12 regiones: Cobija, Copacabana, Desaguadero, Tambo Quemado, Pisiga, Villazón, Yacuiba, San Matías, Bermejo, Puerto Suarez, Guayanamerín y Piso firme.

Dijo que el Plan Soberanía fue ajustado y ampliado y se trabajará en dos ámbitos, en primera instancia las Fuerzas Armadas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realizarán los controles en poblaciones fronterizas, donde se observa mayor contrabando de combustibles.

Mientras tanto, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, dijo que el objetivo de la política es garantizar la transparencia, luchar contra la corrupción y el contrabando y resguardar la seguridad energética.

Explicó que esta política implica una serie de medidas de control y optimización, desde la producción e importación hasta la venta al consumidor final de combustibles y de este modo generar un ahorro al Estado de aproximadamente 1.000 millones de dólares al año.

«Este primer paquete de medidas tiene como objetivo el ahorro de alrededor de 250 millones de dólares que cada año se destinan a distintas actividades ilícitas (…) como el contrabando, la fuga de combustibles, que sale de nuestro país y que está desangrando la economía de los bolivianos», señaló la autoridad según ABI.

Desde el sector energético, la política se implementa a través de dos brazos operativos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías: el control en la venta de combustibles en las fronteras y en el mercado interno por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y, por otro lado, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mediante la planificación en inversiones para exploración y explotación de hidrocarburos líquidos, además de la optimización de costos en la importación de combustibles y la sustitución de diésel fósil por biodiésel y HVO (aceite vegetal hidrotratado) para garantizar el suministro de carburantes.

Las acciones ejecutadas hasta ahora para evitar el contrabando y desvío de combustibles no alcanzaron los resultados esperados. Por ello, el Gobierno nacional activa medidas que harán más efectivo el control a la venta de combustibles e incorpora correcciones a la normativa anterior que, por su ambigüedad, favorecía al mercado negro.

Para corregir esta debilidad, el presidente Arce tomó la decisión de establecer severos mecanismos de control a la venta de combustibles en los surtidores de todo el territorio nacional mediante la promulgación del Decreto Supremo 4910, que fortalece la lucha contra el mercado negro de venta de combustibles que alimenta al narcotráfico, la minería ilegal y actividades ilícitas.