Reiterando que los problemas del país deben ser solucionados por los propios bolivianos, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, lamentó que personeros de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tengan cierto tipo de parcialización con gobiernos que pregonan el denominado socialismo del siglo XXI.

El legislador representante de la capital del Estado, cuestionó que este tipo de corrientes de carácter político, poco a poco, vayan copando más espacios no solo en Estados y sus instituciones, sino que ahora se hagan presentes en miembros de organismos creados para velar por la defensa de los derechos humanos.

“No solo quieren secuestrar sus instituciones judiciales en sus respectivos países sino que ya están proyectándose a estos organismos”, expresó

En este sentido, lamentó que algunos miembros de la delegación de CIDH que visita el país, hayan participado abiertamente de un acto de “desagravio” organizado por el Ministerio de Justicia, con la finalidad de “reconocer” a exvocales del TSE implicados en el fraude de 2019, respaldando así la falsa narrativa del golpe.

“Lo lamentable es que se parcialicen, ojalá los otros miembros de la comisión llamen la atención por esta conducta que es un mal antecedente para la oposición, para la democracia y para todas las acciones que se movilizaron en defensa de su voto”, indicó.

Con relación a los cuestionamientos a las visitas a centros penitenciarios para recoger el testimonio de los privados de libertad de forma general sin hacer énfasis en los presos políticos y otras víctimas de persecución política, Pedrazas reprochó la falta de imparcialidad y firmeza para reforzar pasados estudios en los que se apuntó a un fraude electoral perpetrado por el masismo.

“No pueden reunirse solo con el Estado, aquí hay víctimas, hay presos políticos, hay gente que ha fallecido en la aprobación de la Constitución del MAS que hasta ahora no tiene justicia. La CIDH debe ser imparcial y cumplir con sus propios informes como el de la OEA en el que se señala que ha habido fraude”, sostuvo.

Por lo expuesto, el legislador reiteró que los problemas del país deben ser arreglados por los propios bolivianos, ya que instancias como la CIDH y otros organismos internacionales, pese a contar con alguna percepción de los hechos, siempre pueden “parcializarse ante escenarios complejos, dejando de lado su independencia”. En este sentido llamó a la población a reflexionar sobre su papel y participación en la lucha para lograr un verdadero cambio en la administración del Estado.

Desde la alianza Creemos, la senadora Centa Rek, señaló que la participación del Comisionado Joel Hernández en un acto eminentemente político del Gobierno, se trató de un “agravio tremendo a la democracia boliviana”, hecho que amerita sanciones.

“La acción que realizó el comisionado Hernández, participando de un supuesto acto de desagravio al Tribunal Supremo Electoral, que cometió el fraude electoral que fue certificado por la OEA, la misma organización de la que él forma parte, diciendo que él se encontraba consternado ante el relato de estos vocales, que supuestamente habían sido vejados en sus derechos es un acto de agravio tremendo a la democracia boliviana”, sentenció.

Agregó que con la presencia del Comisionado y su comitiva a un acto político gubernamental, le hace un favor al MAS y le resta toda credibilidad, independencia y transparencia a la visita “in loco” de la CIDH a Bolivia.

“Él, diciendo que está generando un desagravio, está generando un agravio; él no es un comisionado para para venir a atender y hacer favores a un gobierno, él está equivocado en su función, él tiene que velar por los pueblos que son masacrados por los pueblos que sufren violaciones de parte de gobiernos que son dictatoriales, por lo tanto, él ha invalidado a esta comisión con este solo acto que nos ha dado pie para pensar en cuál es el sentido principal de su presencia en Bolivia”, cuestionó.

Rek además anuncio que la agrupación Creemos remitió una carta de denuncia y protesta al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, exigiendo que Hernández sea remitido ante la Comisión de Ética de la OEA, porque su accionar debe ser sancionado al desnaturalizar y descalificar la tarea de la Comisión en Bolivia.

El lunes, los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que en 2019 administraron las elecciones generales que terminaron en fraude, fueron reconocidos con diplomas por el Ministerio de Justicia, acto que contó con la participación del comisionado Hernández.

María Eugenia Choque, Antonio Costas, Idelfonso Mamani, Edgar Gonzáles, Lucy Cruz y Lidia Iriarte reaparecieron y fueron objeto de palabras de halago como “víctimas del golpe”, por el viceministro de Justicia, César Siles.

Choque acusó “persecución, tortura y racismo” en contra de ella y su familia, durante el gobierno de transición, tiempo en el que los exvocales permanecieron en detención preventiva.

Los exvocales fueron los mismos que habilitaron al binomio del Movimiento al Socialismo, en diciembre de 2018, a una nueva repostulación bajo el argumento de los “derechos políticos preferentes” que el Tribunal Constitucional Plurinacional había interpretado por encima de la Carta Magna, un año antes.

Cabe recordar que el domingo 10 de noviembre de 2019, en horas de la mañana, el todavía presidente Evo Morales salía en conferencia de prensa para anunciar la anulación de las elecciones, luego del informe preliminar de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, dijo, sin admitir la figura de fraude, que convocaría a nuevas elecciones y removería a todos los vocales del TSE.

Tras su renuncia, en horas de la noche, sin que exista presidente de Estado, la Fiscalía y la Policía arrestaron a los entonces vocales bajo sospecha de delitos electorales. En julio de 2021 la justicia decidió cerrar el caso y la Fiscalía retiró la denuncia y rechazó analizar el informe de la OEA.

Para el expresidente, Carlos Mesa, el acto de “desagravio” fue inoportuno y consideró que se usó a Hernández para mantener la narrativa del golpe, para así enterrar el “fraude monumental” de aquel año, cuando su propia candidatura fue la afectada.

“Me dijo que no vino a establecer si hubo golpe o fraude sino a participar en un acto específico que tenía que ver con la vulneración de derechos de esas personas”, reveló Mesa.