Para Espinoza, Bolivia está intrincada en una justicia servil, completamente obsoleta y desactualizada con un enfoque que no se adecúa a las necesidades del siglo XXI de la sociedad boliviana.
> “Hay relaciones peligrosas y muy evidentes de los jueces y autoridades máximas de estas instancias con funcionarios públicos y con altas autoridades o altos cargos del partido y del Ejecutivo, regido por el MAS”, señaló.

El sistema judicial en Bolivia, basado en la persecución, penalización y exhibición de detenidos, está totalmente desactualizado y no responde a las necesidades de la población en el siglo XXI, además de enfrentar una profunda crisis marcada por la corrupción y la politización de la labor judicial, según observaron dos analistas sobre la situación de la justicia en Bolivia, en vísperas de 199 años de Independencia.
“Estamos entrampados en una justicia servil que está totalmente obsoleta y desactualizada, que además tiene un horizonte que no se adecúa a las necesidades del siglo XXI que tenemos como sociedad”, manifestó el abogado, Daniel Espinoza, en contacto con EL DIARIO.
Observó que, a un año del Bicentenario de Bolivia, gran parte de los avances en la justicia están relacionados con la parte penal, dejando de lado “otros escenarios importantes” como la conciliación y un sistema adecuado de responsabilidad civil por daños, en vista de que muchos procesos no necesariamente deben llegar a la vía penal.
“Pero no nos interesa eso como Estado. Nos interesa perseguir, sancionar y mostrar (públicamente) a una persona que ha sido capturada y procesada (…). No solo se castiga al que está imputado, que no se sabe si es verdaderamente culpable, sino que se hace peregrinar a los que buscan justicia, a las víctimas y sus familiares”, sostuvo el abogado.
Para Espinoza, la situación actual de la justicia no es positiva pese a algunos logros alcanzados en tanto al cuerpo normativo. Si bien la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 puede considerarse una ley “de vanguardia” y el principal avance jurídico en los últimos 15 años, solamente representa un avance en el papel.
Asimismo, resaltó que aunque es la propia sociedad la que exige mayores penas y sanciones, el Estado no se enfoca en la reparación o restauración de personas afectadas, ni en generar un sistema de normas que regulen daños que sobrepasan lo penal o son muy ínfimas para ser tuteladas por esta vía.

CRISIS
A este análisis se suma la actual situación crítica del Órgano Judicial, poder empañado por la incertidumbre de elecciones judiciales y con altas magistraturas que prorrogaron su mandato de manera indefinida ante la ausencia de comicios que permitan una transición legal de mandato.
“Bolivia enfrenta una de las peores crisis del sistema judicial, marcada por la retardación, la corrupción y la politización de la labor judicial”, expresó la editora en jefe de Bolivia Verifica, Patricia Cusicanqui Hanssen.
En la última década, salvo contadas excepciones, el Órgano Judicial boliviano ha estado sometido al Ejecutivo sin ningún tipo de reparo, mientras que las elecciones judiciales solo sirvieron “para validar una cuestionada selección de candidatos en el Legislativo”, agregó Cusicanqui.
En su criterio, esto demuestra que “la política partidaria se sobrepuso a todos los intereses de la ciudadanía y ha cooptado a todos los poderes del Estado”.

SERIOS RETROCESOS
Al igual que otros analistas, el abogado coincide en que el hecho de que el Órgano Ejecutivo necesite usar al Órgano Judicial como una herramienta de legalización de sus intereses, significa un categórico retroceso y un desmedro en la independencia de este poder.
Espinoza comentó que la creciente dependencia del Órgano Judicial y de operadores de justicia hacia otros poderes del Estado ha sido “muy evidente” durante la hegemonía del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS).
“Tenemos ahí un problema serio porque la posibilidad de acceder a la justicia ya no depende de nuestro acceso al Órgano Judicial, sino depende de la voluntad de quienes pueden llegar a estar en el control o tener contactos suficientes para influir en decisiones de jueces, fiscales y otros operadores, como secretarios o auxiliares de diligencia”, explicó.
Por otra parte, esto afecta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuya independencia ha sido comprometida por el poder político, cuando en realidad debería regular los poderes sin ningún tipo de injerencia. “Hay relaciones peligrosas y muy evidentes de los jueces y autoridades máximas de estas instancias con funcionarios públicos y con altas autoridades o altos cargos del partido y del Ejecutivo, regido por el MAS”.
Otro retroceso que destacó es que el Órgano Judicial no logró crecer a la par de las demandas y necesidades de la población. “La población crece y necesita acceder cada vez más al Poder Judicial y requiere más tutela, pero el Órgano Judicial se atiborra. Pese a que recientemente se han creado nuevos juzgados, no es suficiente y no logran abastecer a quienes piden la tutela”, indicó.