La Fundación Jubileo sugiere a las autoridades y a la población a debatir la necesidad de refocalizar la subvención a los hidrocarburos, estableciendo bandas de precios diferenciados que consideren elementos como el año de importación del vehículo, modelo, marca, cilindrada y actividad económica.

En este sentido, una premisa básica debiera ser que para la población vulnerable que utiliza estos combustibles como insumo para su actividad de transporte público en taxis, minibuses, micros o camiones minoristas se pueda mantener el actual precio subvencionado y, para el resto de la población, introducir precios diferenciados de acuerdo con las características descritas, octanaje del combustible y otros criterios que se encuentran registrados en el sistema B-SISA, y que pueden permitir distinguir el tipo de consumidor y asignar un precio conforme a sus características.

Según la fundación, la propuesta, junto a otras más que puedan existir, busca promover el debate público sobre la insostenibilidad de la subvención ciega al sector hidrocarburos vigente desde el año 2004 y que viene mermando los recursos públicos e incrementado el ya creciente déficit fiscal por el que atraviesa la economía nacional desde el año 2013.

Asimismo, sostiene que es fundamental recordar que los combustibles fósiles provienen de la explotación de un recurso natural no renovable, y además contaminante, siendo que la subvención implica sacrificar recursos públicos que bien podrían ser destinados a mejorar la educación y la salud, tan necesaria en el país; por lo que, es una responsabilidad común focalizar este tipo de políticas solo a la población que realmente lo necesita, mientras se avanza hacia una transición energética que proponga una solución sostenible al consumo de energía.

SITUACIÓN COMPLEJA

Según la Fundación Jubileo, la situación se hizo más compleja desde el año 2015, período en que la producción de hidrocarburos líquidos alcanzaba a 63.000 barriles por día, que ya eran insuficientes para satisfacer la demanda nacional, pero comenzó a declinar año tras año hasta llegar, actualmente, a 34.000 barriles por día, lo que obliga al país a importar cada vez más gasolina y diésel para abastecer al mercado interno.

El año 2022, el precio de importación de la gasolina y el diésel estuvo, en promedio, aproximadamente en 9,8 Bs/Lt, lo que ha obligado a que la subvención a los hidrocarburos se sitúe en un promedio de 6 Bs/Lt. Esta realidad ha representado un gasto que ha efectuado el Gobierno para financiar esta política que, de acuerdo con autoridades del sector, llegó el año 2022 a representar $us 1.700 millones, siendo que el Presupuesto General del Estado había considerado 700 millones para este concepto.

Jubileo sostiene que el origen del problema actual se remonta a agosto de 2004, cuando se promulgó el Decreto Supremo Nº 27691, que congeló el precio del barril de petróleo en Bolivia puesto en refinería en 27,11 dólares por barril ($us/Bbl).

Esa medida también estableció los márgenes superior e inferior para el precio de referencia de los productos refinados, medida que continúa vigente y que junto con el Decreto Supremo Nº 27992, de enero de 2005, se constituyen en la base legal de la política de subvención al precio de la gasolina y el diésel en el país, fijados para el consumidor final en 3,74 Bs/Lt y 3,72 Bs/Lt, respectivamente.

SUBVENCIÓN VIABLE

Para Jubileo, es importante considerar que esa política de subvención podía ser viable solo en la medida en que el país produjera la suficiente cantidad de hidrocarburos líquidos que le permitan autoabastecerse de productos refinados como gasolina y diésel; pero, además, desarrollar políticas de electromovilidad que permitan ir sustituyendo gradualmente la demanda de estos combustibles. Lamentablemente, ninguna de estas dos condiciones ha sido cumplida en el transcurso de los años.

También sostiene que actualmente, el 95% de la matriz energética nacional es de fuente fósil, 64% de la electricidad es generada a partir de termoeléctricas que operan principalmente con gas natural; el sector transporte es el principal consumidor de energía en el territorio nacional, representando 55% del total, al año 2021, siendo, además, que 83% de esa energía es diésel y gasolina.

El parque automotor ha cambiado sustancialmente desde el año 2004, cuando fue implementada esa política. En ese entonces, el parque automotor legal registrado en el país alcanzaba a 493.893 vehículos (fuente INE), cifra que para el año 2010 ya llegaba a 961.228 vehículos.

El año 2021, el parque automotor en el país era de 2.226.662 vehículos; es decir, el doble respecto al año 2010 y casi cinco veces más que el 2004.