El 16 de septiembre se cumplió un año desde la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida a mediados de septiembre de 2022 en Irán por supuestamente llevar mal puesto el velo, hecho que llega tras meses de violenta represión y en medio de una arremetida conservadora que incluye un debate sobre un borrador de ley para endurecer los castigos contra las mujeres que violen el código de vestimenta.

Amini, de 22 años y miembro de la minoría kurdo-iraní, falleció bajo custodia y si bien la Policía afirmó que sufrió un infarto en una comisaría, rápidamente surgieron denuncias sobre violencia policial y malos tratos, poniendo en duda la versión de las autoridades, que aseguraron que la autopsia descartaba esta posibilidad, hecho que generó hasta el momento las manifestaciones de diferentes sectores que continúan.

La noticia sobre su hospitalización, su nombre en kurdo era Jina, saltó a los medios gracias a la periodista Nilufar Hamedi, quien publicó el 16 de septiembre de hace un año en redes sociales una fotografía de los padres de la joven en el hospital donde Amini falleció horas después. La reportera fue posteriormente detenida por su trabajo y acusada junto a la también periodista Elahé Mohamadi de ser una “agente extranjera”.

La muerte de Amini desató una oleada de movilizaciones bajo el lema ‘Mujer, Vida, Libertad’ y encabezadas principalmente por mujeres, que tuvo su epicentro en Teherán pero se extendió a otros puntos del país, muestra del creciente malestar popular con el estricto código de vestimenta impuesto por la República Islámica desde 1979, que hace obligatorio que las mujeres usen ‘hiyab’ en espacios públicos, en uno de los mayores desafíos a las autoridades durante las últimas décadas, que causó también hasta ejecuciones a diferentes personajes que continuaron apoyando la decisión de Amini, a pesar de su fallecimiento.

La llegada a la Presidencia en 2021 del ultraconservador Ebrahim Raisi, derivó en una mayor severidad en lo relativo al respeto de este tipo de restricciones, distanciándose de la postura de su predecesor, Hasán Rohani, lo que incrementó el descontento popular, que se suma a las crecientes críticas a las autoridades por las restricciones a los derechos civiles de mujeres, opositores, activistas y periodistas, así como por el ahondamiento de la crisis económica.

En respuesta, las autoridades recurrieron a una brutal represión que dejó más de 500 muertos, según organizaciones no gubernamentales, y que derivó en la apertura de miles de procesos contra participantes en las mismas, incluidas condenas a muerte y ejecuciones.

REDESPLIEGUE DE LA ‹POLICÍA DE LA MORAL›

La amplitud de las protestas y los reclamos sociales de diferentes instancias, así como las condenas por parte de la comunidad internacional, llevaron a Irán a anunciar en un primer momento la retirada de las calles de la ‹Policía de la moral›, encargada de supervisar el uso del ‹hiyab› y controlar comportamientos considerados como «inmorales» por parte del Gobierno, pero muchos denunciaron que no fue esa la actitud, sino la de reprimir directamente la decisión de las mujeres.

Sin embargo, ante la reducción de la intensidad de las movilizaciones, en gran parte debido a la represión, los agentes de la ‹Policía de la moral› volvieron a desplegarse a mediados de julio, en una muestra de que las denuncias de activistas sobre una medida cosmética por parte de Teherán ante la presión, incluido un anuncio sobre la posible disolución del cuerpo iban bien encaminadas, a causa de la presión social en contra de la policía de la moral.

Apenas unas semanas antes de esta decisión, el jefe del aparato judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei, había desvelado que los tribunales habían abordado hasta entonces más de 20.000 casos relacionados con las protestas y resaltó que cerca de 100.000 detenidos habían sido liberados, lo que da una idea de la escala de represión a la que se ha llegado durante un año.

Por el contrario, parte del Gobierno de Irán eximió en todo momento de responsabilidad a los agentes implicados en la detención de Amini y apuntó a potencias extranjeras e infiltrados como responsables de las protestas, si bien reconoció excesos durante la actuación policial contra las movilizaciones y sin poder justificar las muertes y las ejecuciones que se realizaron en torno a este problema.

El propio Raisi describió esta semana la muerte de Amini como un incidente y defendió la actuación de las autoridades a la hora de investigar lo sucedido, a tiempo que reiteró sus acusaciones sobre una guerra híbrida, cognitiva, política, económica, mediática y psicológica contra Irán por parte de Estados Unidos y países europeos.

Asimismo, subrayó en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense NBC, la primera a un medio extranjero desde el inicio de las protestas, que se sabe qué pasará a los que intenten aprovecharse del nombre de Amini para ser agentes de extranjeros y crear inestabilidad en el país. «Saben que poner en peligro la seguridad de la gente y de la sociedad acarrea grandes costes», advirtió, ante posibles nuevas protestas coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de la joven.

NUEVO PROYECTO

DE LEY

Por su parte, el Parlamento iraní está estudiando un proyecto de ley para ampliar los castigos contra mujeres y niñas que no usen el velo en espacios públicos, un texto que llevó a relatores de Naciones Unidas a hablar de un apartheid de género. «Las autoridades parecen estar gobernando a través de una discriminación sistemática con la intención de forzar a las mujeres y niñas a una sumisión total, lo que todavía continúa generando más problemas en torno a la muerte de la joven muerta», denunciaron recientemente.

El borrador, presentado en mayo por el Gobierno y el aparato judicial iraní, tiene por nombre ‹Apoyo a la Cultura del Hiyab y la Castidad› y eleva las multas e incluye otros castigos como la incautación temporal de los vehículos de aquellas mujeres que no mantengan un cumplimiento estricto del uso del velo y otras actitudes impuestas por el régimen que dio lugar a la revelación de muchas mujeres entre ellas estudiantes universitarias que continúan saliendo en protestas callejeras.

Así, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, mostró esta semana su grave preocupación por el proyecto y dijo que incluye también, prohibiciones de viaje y la retirada al acceso a servicios sociales, así como el uso de tecnología de vigilancia para analizar la vestimenta y comportamiento de las iraníes.

«Las informaciones sobre mujeres haciendo frente a acciones legales por violaciones del código de vestimenta se multiplicaron, incluso antes de la aprobación del borrador», lamentó Turk, quien dio a conocer su preocupación por el regreso de la ‹Policía de la moral› y criticó la inadecuada rendición de cuentas por las responsabilidades derivadas de la muerte de Amini.

Por su parte, Amnistía Internacional denunció que las autoridades iraníes cometieron durante el último año un sinfín de crímenes para erradicar cualquier desafío a su férreo control del poder, incluidos homicidios, ejecuciones arbitrarias, torturas, acoso a familiares de las víctimas y represalias contra mujeres y niñas que cuestionan el uso del velo.

«Las autoridades iraníes llevan un año infligiendo una crueldad indescriptible a la población de Irán que, con valentía, se atreve a cuestionar décadas de represión y desigualdad», señaló la directora regional adjunta de la ONG para Oriente Próximo y Norte de África, Diana Eltahawy.

«Cuando se cumple un año de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, no se investigó penalmente, y aún menos enjuiciado y castigado, ni a un funcionario por los delitos cometidos durante el levantamiento y después de éste», añadió, a tiempo de reseñar que el aniversario de las protestas recuerda con crudeza a los países de todo el mundo la necesidad de aplicar el principio de jurisdicción universal e iniciar investigaciones penales de los crímenes horrendos cometidos por las autoridades iraníes.

Eltahawy, indicó por ello que siguen siendo fundamentales las declaraciones de los gobiernos que instan a las autoridades iraníes a abandonar el uso ilegítimo de armas de fuego contra manifestantes, dejar de infligir torturas bajo custodia y poner en libertad a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus Derechos Humanos. «Estas acciones muestran a las víctimas que no están solas en estos momentos aciagos», finalizó. (Europa Press).