La ONG señala que las autoridades han reforzado las medidas represivas contra aquellas mujeres y niñas que optan por no llevar el velo en público, incluidos vídeos publicados recientemente sobre agresiones a mujeres en Teherán y Rasht y el uso de gases lacrimógenos contra personas que ayudaban a algunas a escapar de los agentes en esta última ciudad.

Los anuncios oficiales revelan que más de un millón de mujeres han recibido desde el 15 de abril mensajes de texto advirtiendo de que sus vehículos serán confiscados después de ser grabadas sin llevar velo, mientras que «un número incontable» de mujeres han sido suspendidas o expulsadas de las universidades, se les ha impedido hacer exámenes o se les ha negado a servicios bancarios y al transporte público.

A ello se suma que cientos de negocios se han visto forzados a cerrar por no cumplir con las órdenes sobre el uso obligatorio del velo, lo que, según Amnistía Internacional, refleja que las afirmaciones de las autoridades sobre la disolución de la ‘Policía de la moral’ tras las protestas por la muerte de Amini no eran ciertas.

«La ‘Policía de la moral’ ha vuelto a Irán. Las autoridades no engañan a nadie retirando las insignias de la policía de la ‘moralidad’ de los uniformes y las patrullas mientras refuerza a los responsables de la opresión y la subyugación de mujeres y niñas para que lleven a cabo la misma violencia que mató a Amini de forma impune», denunció la secretaria general de la ONG, Agnès Callamard.

«La represión actual se ve intensificada por las tecnologías de vigilancia de masas, capaces de identificar a mujeres sin velo en sus vehículos y en espacios públicos», ha dicho, antes de indicar que esto «refleja el lamentable desprecio de las autoridades iraníes a la dignidad humana y los derechos de mujeres y niñas a la autonomía, la privacidad y la libertad de expresión, religión y creencia».

En este sentido, Callamard enfatizó en que esta campaña de represión «muestra un intento desesperado de las autoridades para reafirmar su dominio y poder sobre los que se atrevieron a alzarse contra décadas de opresión y desigualdad durante el levantamiento ‘Mujer, vida, libertad'», en referencia a las movilizaciones por la muerte de Amini.

Una mujer residente en la provincia de Isfahán (centro) que recibió un SMS ordenando que inmovilizara su vehículo durante 15 días por quitarse el velo mientras conducía ha relatado que «a nivel emocional y psicológico, todas estas amenazas han tenido un impacto muy negativo». «La República Islámica quiere demostrar que puede hacer lo que sea para imponer el ‘hiyab’ obligatorio», argumentó.

«Quieren presentarse ante la comunidad internacional como alguien que se aleja de la violencia, pero en realidad, están llevando estas acciones de forma indiscreta. Están realmente azuzando el miedo en nuestra existencia», ha manifestado en declaraciones concedidas a Amnistía Internacional.

MÁS DE UN MILLÓN

DE AVISOS POR SMS

La Policía de Irán confirmó el 14 de junio que desde mediados de abril se había enviado casi un millón de avisos por SMS a mujeres captadas sin velo en su vehículo, incluidos 133.174, ordenando la inmovilización del vehículo y el envío de más de 4.000 «infractoras reincidentes» ante las autoridades judiciales del país.

Previamente, las autoridades enviaron el 21 de mayo ante el Parlamento un proyecto de ley de apoyo a la cultura de la castidad y el ‘hiyab’, que contempla que las mujeres y niñas que aparezcan sin velo en espacios públicos y en las redes sociales o que muestre «desnudez de una parte del cuerpo o lleven ropa fina o ajustada» serán objeto de una serie de sanciones.

Estas sanciones, que según Amnistía Internacional afectarán gravemente a sus Derechos Humanos, incluidos los sociales y económicos, incluyen multas, la confiscación de vehículos y dispositivos de comunicación, la prohibición de conducir, deducciones del salario y de los beneficios laborales, el despido laboral y la prohibición de acceder a servicios bancarios.

La ONG sostiene que el proyecto de ley incluye propuestas para condenar a penas de entre dos y cinco años de prisión, así como a la prohibición de viajar y a la residencia obligatoria en un lugar concreto, a las mujeres y niñas declaradas culpables de desobedecer las leyes sobre el uso obligatorio del velo «de forma sistemática o en connivencia con servicios de Inteligencia y seguridad extranjeros».

Asimismo, propone sanciones contra atletas, artistas y otras figuras públicas que desobedezcan las leyes sobre el uso del velo, entre las que figuran la prohibición de ejercer actividades profesionales, la prisión, latigazos y multas. Una comisión parlamentaria dijo el 23 de julio que había enviado al pleno el proyecto de ley revisado, si bien no ha sido hecho público.

En este contexto, las autoridades iraníes han recurrido, además al Código Penal Islámico para enjuiciar e imponer «castigos degradantes» a mujeres que aparecen en público sin velo, incluidas órdenes para asistir a sesiones de terapia por «trastorno de personalidad antisocial», lavar cadáveres en una morgue o limpiar edificios oficiales.

La represión tiene lugar además en medio de una oleada de declaraciones de odio de autoridades y medios de comunicación estatales en las que se califica la negativa a usar el velo de «virus», «enfermedad social» o «trastorno», y en las que se equipara la decisión de aparecer en público sin velo a una «depravación sexual».

«La comunidad internacional no debe quedarse de brazos cruzados mientras las autoridades iraníes intensifican su opresión de las mujeres y las niñas», ha dicho Callamard, que ha sostenido que «la respuesta de los estados no debe limitarse a contundentes declaraciones públicas e intervenciones diplomáticas, sino conllevar también el uso de vías legales para que las autoridades iraníes rindan cuentas por ordenar, planear y cometer violaciones de Derechos Humanos generalizadas y sistemáticas contra las mujeres y las niñas mediante la aplicación del uso obligatorio del velo».

«Todos los gobiernos deben hacer todo lo que esté en su mano para apoyar a las mujeres y las niñas que huyen de la persecución basada en el género y de violaciones graves de los Derechos Humanos en Irán, garantizar que pueden acceder a procedimientos para la concesión de refugio rápidos y seguros y, en ninguna circunstancia, devolverlas a Irán», comentó. (Europa Press)