El Gobierno sospecha de presunto tráfico de influencias de las máximas exautoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), César Augusto Varela y de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), Gral. (r) Tito Gandarillas en la tramitación y aprobación de la licencia otorgada a la Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación (LAMIA) para operar en Bolivia a partir de julio de 2015. En este sentido el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, presentó ayer el informe final sobre el fatal accidente ocurrido el pasado 28 de noviembre en Colombia y que cobró la vida de 71 personas.
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