A pesar de la inflación baja registrada en la pasada gestión, 3,1%, los industriales señalan que no es tiempo para un incremento salarial, ante un escenario económico incierto, tanto nacional como internacional. La Central Obrera Boliviana (COB), aliada del Gobierno, solicita un aumento de 10%. Las mesas de negociación ya comenzaron a trabajar.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, en conferencia de prensa, dijo que el mundo enfrenta una coyuntura distinta, por lo tanto no es momento de hablar de incremento salarial, y no están de acuerdo con esta propuesta.

Como se recordará el aliado de la actual administración de Gobierno, la COB, planteó un 10% de incremento salarial, y una serie de peticiones, y hace dos semanas atrás los ministerios informaron que armaron las mesas de trabajo con la entidad matriz de trabajadores para tratar los diferentes temas.

Algunos dirigentes laborales, a nivel nacional, observaron el trabajo de la COB, pues a la fecha no logró culminar con éxito el pliego de peticiones que tienen los trabajadores, y la defensa quedó incierta respecto a las fuentes laborales, tras el cierre de Aasana y Sabsa.

La semana pasada, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), apoyó la iniciativa de los emprendedores Iberoaméricanos, que en su pronunciamiento plantearon la implementación de un pacto social para encarar los desafíos que se vienen por la coyuntura económica mundial incierta.

Posición

Camacho sostiene que el deterioro gradual de las condiciones macroeconómicas demanda medidas para impulsar la producción antes que el incremento salarial; ya que la actividad económica de 2022 no llega a niveles de los años antes de la pandemia.

A eso se suma la crisis de suministros de China, que encarecen los costos de producción; la invasión de Rusia a Ucrania que incrementó de 0,5 a 7,5% el valor de la divisa extranjera, el dólar, para empresas, que provocó un aumento de los costos de transacción financiera.

También la sequía e inundaciones en el oriente, valles y altiplano generaron pérdidas en el sector productivo; las restricciones a las exportaciones limitan la generación de ingresos; la gripe aviar provocó pérdidas a los avicultores; el bloqueo en el Perú afectó a las exportaciones e importaciones, provocando una afectación de más de 700 millones de dólares; y los paros en frontera y los horarios restringidos en Chile limitaron las ventas y las compras de Bolivia.

Camacho aseguró que la economía continúa en proceso de recuperación, luego de la caída en 2020.

Los industriales lamentan que Bolivia esté a la zaga de la productividad y competitividad, pero en contra posición está en primeros lugares en el tema del incremento salarial, a comparación de otros países de la región.

Dijo que entre 2005 y 2022 la acumulación de la inflación llegó a 81%, mientras que el incremento salarial está en 176%, por lo que se puede apreciar que en los últimos 17 años el aumento del Salario Mínimo Nacional creció 2 veces más que la inflación.

Además, recuerda que el incremento salarial, de acuerdo a estudios de institutos especializados en el análisis, sólo beneficia a un 15% de la población boliviana, a los empleos formales. «15 de cada 100 bolivianos recibiría un aumento en la economía formal», apuntó.

Otro factor que muestra porque no se debe hablar de aumento salarial, es el contrabando, que pese a la lucha frontal que encararon las autoridades de Aduana, cada año la cifra se va incrementando.

Esa actividad ilegal afecta a la economía nacional. En 1999 se estimó una cifra de 1.000 millones de dólares que mueve el contrabando, en 2017 subió a 2.000 millones y en 2022 se estima que el número fue de 3.300 millones, señaló.

No sólo el sector privado siente la afectación, sino también el público, debido a que dejan de pagar 600 millones de dólares al Tesoro por concepto de aranceles y otros tributos, que son omitidos por el contrabando.

Regiones

También informó que el crecimiento económico de las regiones no es uniforme, pues algunos departamentos no pueden recuperarse y presentan cifras negativas, por lo tanto no es justo implementar una medida estándar, como el incremento salarial.

Asimismo, lamentó que se aplique una norma a favor de las empresas estatales y no para el sector privado. Señaló que el decreto 2348 establece que un incremento salarial se aplicará en las empresas públicas siempre y cuando presenten utilidades en los últimos tres años.

El sector privado solicita el mismo tratamiento, porque la norma sólo muestra una desigualdad jurídica.

Además, asegura que cada punto de incremento salarial generará un déficit de 0,3%, que en cifras alcanza a 55 millones de dólares.

Reiteró que apuestan por el diálogo tripartito para mejorar la economía nacional a través de la implementación de medidas que ayudan a mejorar la productividad y competitividad de la industria nacional a nivel local e internacional.