Por primera vez en Bolivia, un policía ha sido imputado por el delito de atentar contra la libertad de prensa, luego que la Fiscalía Departamental admitiera una denuncia presentada el 3 de enero de este año por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz contra el teniente Víctor Hugo Santelices Jáuregui.
Además del delito de atentar contra la libertad de prensa, Santelices está sindicado por los cargos de causar lesiones graves y leves al reportero Joel Orellana, y al camarógrafo Miguel Rivero, ambos de la red televisiva Unitel que realizaban, entre el 30 de diciembre de 2022 y 1º de enero de este año, la cobertura de las protestas que tuvieron lugar por el apresamiento del gobernador opositor Luis Fernando Camacho, quien fue trasladado a la sede de gobierno en La Paz donde permanece detenido.
Orellana y Rivero tomaban datos e imágenes de la represión policial contra manifestantes cuando fueron agredidos por siete policías que les asestaron golpes y patadas, incluso luego de tenerlos sometidos contra el piso.
El rostro de Santelices fue registrado por otros reporteros por lo que se presentaron demandas contra ese oficial, una ante el tribunal disciplinario policial y otra en la justicia ordinaria.
Mientras el tribunal policial desestimó el requerimiento en junio pasado, la Fiscalía Departamental dio curso tras ocho meses y la juez Marianela Salazar fijó para el 9 de octubre la audiencia a la que debe presentarse Santelices, quien se encuentra destinado en Cochabamba, ciudad ubicada a 600 km de Santa Cruz de la Sierra.
“No estamos tan conformes, porque la Fiscalía excluyó el delito de robo, porque además de la golpiza los policías les quitaron sus teléfonos celulares y micrófonos a los reporteros de Unitel. De todos modos, esperamos que la justicia ordinaria determine dar de baja a Santelices, porque es un funcionario público que no sirve a la sociedad”, declaró Raquel Guerrero, abogada de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz entrevistada por la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Guerrero agregó que si bien en anteriores oportunidades se ha imputado a ciudadanos por atentar contra la libertad de prensa, es la primera vez que se fija audiencia para que comparezca “un miembro de la Policía Nacional. Se ha entendido que hay un doble daño, por un lado se violentaron los derechos de los periodistas, y de ese modo también hubo un atentado contra el derecho de la ciudadanía a ser informada”, manifestó.