Asegurando que los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) han sido permisivos con la aprobación de normativas para permitir la quema indiscriminada de bosques, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Toribia Lero, señaló que el modelo productivo que promueve el masismo tiene como elemento fundamental una peligrosa ampliación de la frontera agrícola.

En declaraciones a medios de prensa, la legisladora representante del departamento de Cochabamba, apuntó a leyes aprobadas durante los gobiernos del MAS, como las principales causas para la actual crisis climática provocada por incendios forestales descontrolados en distintos puntos del país.

“Durante estos últimos 17 años se han aprobado una serie de leyes ecocidas para incendiar el país, porque estos no son chaqueos de indígenas, lo que han aprobado son leyes para quemar de 20 hectáreas en adelante, con multas iguales a nada si se comparan con el gasto para la sofocación de incendios”, dijo.

Detalló que las normas a las que hace referencia buscan sobre todo “arrasar” con la Amazonía, con todas las consecuencias que ello implica para la población y el medio ambiente.

“De eso tienen que estar conscientes en el Movimiento al Socialismo, por ser responsables de la aprobación de leyes ecocidas, etnocidas, biocidas e incendiarias”, afirmó Lero.

Asimismo, pidió que desde el Gobierno se reconozca que el verdadero trasfondo en el tema de los incendios forestales, son los intereses para la ampliación de la frontera agrícola.

“Les conviene que arda, sobre todo la Amazonía, porque ahí van a sembrar caña de azúcar, palma africana o incentivar la crianza de ganadería. El proyecto ecocida del Gobierno es ese, a eso le llaman Modelo Económico Social Comunitario Productivo, es eso este modelo que está matando a la madre tierra”, precisó.

Sobre las medidas a ser asumidas para intentar frenar esta afectación al medio ambiente y sancionar a todos los responsables. Lero anunció que se estudian recursos legales y otros mecanismos para buscar justicia, sin embargo, provoca una mayor preocupación las recientes denuncias de pueblos indígenas que habitan las zonas afectadas.

“Lo que ya han denunciado los pueblos de la Amazonía son delitos de lesa humanidad, es un genocidio lo que se está cometiendo”, finalizó.

La semana pasada, representantes de una decena de organizaciones indígenas y campesinas de Perú y Bolivia emitieron un manifiesto conjunto para solicitar a sus gobiernos protección para la Amazonía ante la creciente deforestación, incendios forestales y otras amenazas.

En el manifiesto, los pueblos amazónicos expresaron una “profunda preocupación” por la destrucción de la selva, por lo que pidieron a los gobiernos respetar la “casa grande”, como se denomina a la Amazonía.

“Los pueblos amazónicos de Perú y Bolivia, a pesar de las distancias geográficas, presentamos las mismas historias de vulneraciones. Hoy, en pleno siglo XXI, no solo los derechos indígenas y campesinos son atropellados, sino nuestros territorios y los recursos nuevamente son saqueados. Por eso exigimos a nuestros Estados y sociedad en general respeto a nuestra casa grande”, señala parte del documento.

Entre las principales problemáticas identificadas están la emergencia ambiental por los incendios forestales, proliferación de monocultivos, minería ilegal, tala indiscriminada, megaproyectos extractivos, privatización de tierras, cambio climático y la contaminación por mercurio debido a la minería aurífera ilegal.

Anteriormente, desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia se identificó y detalló el conjunto de normas que alientan los incendios descontrolados, exigiendo que autoridades de todos los niveles de Gobierno, así como la ALP asuman todas las medidas posibles para detener el “ecocidio” que tiene lugar en el país.

Entre las normas cuestionadas figuran el “Plan de Uso de Suelos PLUS del Beni”, aprobado en 2019 por la Asamblea Legislativa Departamental con mayoría del MAS, misma que atenta contra la Amazonía, territorios indígenas, áreas arqueológicas y patrimoniales.

El Decreto Supremo N° 3874 que, de manera excepcional, autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiésel.

El Decreto Supremo N° 4334, que autoriza el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni dispuestas por el PLUS a criterio reglamentario de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT.

Las leyes denominadas “perdonazo” N° 337, N° 502, N° 739, N° 952, que bajo el rótulo de “apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques”, que fijó y amplió plazos para el registro a un programa donde todos los autores de quemas e incendios fueron exonerados de responsabilidad penal, civil y administrativa.

La Ley N° 740 de ampliación al plazo de verificación de la Función Económica Social, que suspende las reversiones de tierras no saneadas y neutraliza el control del Estado sobre su uso y evita la consumación de medidas coercitivas en su contra.

La Ley N° 741 que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, posibilitando quemas descontroladas por parte de colonizadores e interculturales, que se camuflan como pueblos indígenas.

La Ley N° 1171 para uso y manejo racional de quemas que, confiere al incendiario la capacidad “racional” de controlar el incendio provocado, algo que está demostrado en todo el mundo, que no es posible de controlar y normar.

La Ley N° 1098 que promueve la ampliación de los cultivos para la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal (Etanol Anhidro y Biodiesel), dada la crisis de importación de carburantes.