El Decreto Supremo 4329 de 7 de septiembre de 2020, habilitó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de manera excepcional, otorgar un anticipo de hasta 50% del monto total del contrato, para la adquisición de una nueva flota de buses, para la reposición por los destruidos en los conflictos de 2019.

La denuncia del Ministerio de la Presidencia cuestiona la justificación del decreto emitido por el gobierno de Añez.

De acuerdo con la relación de hechos, Revilla había solicitado a Añez que se suba de 20% a 50% el monto de anticipo que se podría dar una entidad pública en una contratación, para supuestamente generar un incentivo al sector privado e influenciar positivamente en la recuperación de la economía del país.

Sin embargo, según la denuncia, ese justificativo “era irreal y se contradecía con la emergencia sanitaria del momento que vivía todo país en su conjunto y en el mundo entero”.

La denuncia observa que el decreto se tramitó por la vía rápida como si tuviese urgencia, cuando el país estaba en la pandemia y la compra de los buses no era urgente.

Con ese argumento, el Ministerio de la Presidencia denunció el caso por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Además de Añez y Revilla, están denunciados los ministros que firmaron el decreto, asimismo funcionarios que participaron del desarrollo del mismo, como el exviceministro Israel Alanoca.

Actualmente Añez se encuentra detenida con varios procesos penales, desde los casos denominados “Golpe de Estado”, Senkata, Sacaba, entre otros; mientras que Revilla tiene paradero desconocido, tras declararse perseguido político.

OTRO PROCESO

Por otro lado, en octubre de 2022, el Ministerio Público emitió una imputación formal en contra de Revilla, por el presunto sobreprecio en la adquisición de 61 buses PumaKatari durante la gestión 2012 – 2013.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, explicó en la oportunidad que la exautoridad es investigada por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

“Durante la investigación se encontraron suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría en contra del exalcalde, como la licitación pública internacional para la adquisición en agosto de 2012, la minuta de contrato para la adquisición entre la exautoridad edil y el representante legal de Fabro Motors S.R.L., dos minutas de contrato modificatorio de 2012, entre otros indicios que hacen presumir que hubo un sobreprecio en el proceso de adquisición”, informó Alave en la oportunidad.

En la oportunidad, el fiscal Thomas Choque indicó que el hecho se registró durante las gestiones 2012 y 2013, cuando la alcaldía de La Paz lanzó una licitación internacional para la adquisición de 61 buses. El monto previsto era de Bs 70.052.400, pero luego de realizados los trámites se adjudicó la compra de los buses Pumakatari a la empresa Fabro Motors S.R.L., por un monto de Bs 65.000.000.

El problema es que durante la investigación se encontraron indicios de que la empresa que se adjudicó la compra de los buses, no tenía la experiencia mínima para la importación de ese tipo de vehícu importadoras, por lo que se presume que la comisión calificadora benefició a la misma, según la Fiscalía. (EL DIARIO y Erbol).