Ven que las recientes agresiones a efectivos de la fuerza antidroga, evidencian la expansión de actividades ilícitas en varias zonas del país, revelando que el narcotráfico ya no solo opera en regiones como el Chapare.
> Demandan una pronta intervención de las fuerzas del orden para volver a sentar soberanía en lugares donde prácticamente no existe ley.
> Advierten que el Estado boliviano incumple una de sus principales razones de ser, sobre todo al momento de prevenir y luchar contra una criminalidad que va en aumento.

Tras las agresiones físicas sufridas por efectivos antidroga en el departamento de Beni, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, cuestionó que el Gobierno vuelva a permitir la humillación de las fuerzas del orden, lamentando el supuesto temor demostrado por autoridades para intervenir zonas penetradas por el narcotráfico.
Según Astorga, las recientes agresiones a efectivos de la fuerza antidroga, evidencian la expansión de actividades ilícitas en varias zonas del país, revelando que el narcotráfico ya no solo opera en regiones como el Chapare, sino que nuevamente a rebasado los controles gubernamentales para ampliar su presencia en territorio nacional.
“Prácticamente ha quedado demostrado que no solo el Chapare es una republiqueta, también hay otros lugares que son tierra de nadie. Se están observando este tipo de acontecimientos en los que queda demostrado que el narcotráfico ha rebasado a la Policía y al Gobierno”, aseguró.
En ese sentido, lamentó que poblaciones hayan optado por brindar protección a actividades ilícitas, hecho que demanda una pronta intervención de las fuerzas del orden para volver a sentar soberanía en lugares donde prácticamente no existe ley.
“Los narcotraficantes cuentan con gente armada que los protege y hay lugares donde prácticamente no existe la presencia del Estado. Exigimos al gobierno, que cuenta con la policía y los militares, intervenir estos lugares y realizar las detenciones correspondientes”, agregó Astorga.
Ante esta realidad, el asambleísta paceño planteó al gobierno activar todos los mecanismos necesarios para intervenir de forma urgente, aquellas regiones y zonas que en el lapso del último tiempo se han convertido en refugio de delincuentes y área para la proliferación de actividades ilícitas.
Sobre los actos de violencia contra efectivos policiales, por parte de pobladores, en el afán de proteger a gente presuntamente vinculada con el narcotráfico, Astorga aseveró que el hecho se constituye en una vergüenza para las fuerzas del orden, ante pasividad de autoridades que se limitan a denunciar excesos, sin asumir acciones.
“Se está haciendo quedar mal a las instituciones del orden a las que prácticamente se las está humillando nuevamente y el Gobierno está permitiendo todo eso”, cuestionó el legislador.
A través de sus redes sociales, la senadora Cecilia Requena se refirió a las recientes agresiones sufridas por efectivos antidrogas, lamentando que el Estado boliviano incumpla una de sus principales razones de ser, al momento de prevenir y luchar contra una criminalidad que va en aumento, realidad que demanda una urgente reforma.
“Urge una reforma estatal abordada con inteligencia y valentía, enorme tarea. Hoy tenemos un Estado calamitoso que incumple su propia razón de ser. No puede evitar, y a menudo es cómplice, de buena parte la criminalidad, la ilegalidad, el abuso y la devastación de los bienes comunes”, sostuvo.
En ese contexto, reprochó que no solo no se contribuya a resolver necesidades básicas como la protección de los derechos humanos, sino que se genere sufrimiento en la población por la incompetencia y la corrupción.
El jueves, a través de redes sociales y medios de comunicación se difundieron videos en los que se observa a comunarios del municipio de Exaltación, en la provincia de Yacuma, Beni, agrediendo y humillando a efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, Chimoré, luego de descubrirlos en una operación antidroga de desmantelamiento en una pista clandestina.
Las imágenes muestran a pobladores golpeando con palos y cadenas a los policías mientras son expulsados de la zona, en medio de empujones, patadas e insultos, fueron despojados de algunos elementos utilizados para su tarea diaria, así como daños en vehículos, hecho que impidió continuar con el operativo.
Al respecto, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informo que los uniformados habían aprehendido a tres ciudadanos, presuntamente extranjeros, cuando fueron atacados por los comunarios a bordo de 10 motocicletas.
La autoridad también denuncio que, durante el incidente, los comunarios insistieron en que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen necesitaba de permisos para ingresar a esa zona, requisito que no aplica para el cumplimiento de sus funciones.
Las principales críticas tras este hecho apuntan a una peligrosa desinstitucionalización en el país, fomentada por el gobierno del Movimiento al Socialismo, asimismo, se afirma que el próximo gobierno deberá asumir acciones fuertes y efectivas contra actividades como el narcotráfico y el crimen organizado.