Frente a la insistencia del Gobierno en aprobar normativas que modifiquen el Código Penal para incluir la figura de terrorismo y así se criminalice toda protesta ciudadana, los parlamentarios de Creemos advirtieron sobre la peligrosidad de reestablecer la rechazada ley 1386, mediante un nuevo proyecto denominado “Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”.

El fin de semana, la senadora Centa Rek, se sumó a las advertencias por la reposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional del Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales, con otro nombre, buscando introducir una norma de carácter persecutorio y de corte dictatorial para la sociedad boliviana.

“Denunciamos ante la opinión pública la reposición en el Órgano Legislativo de un peligroso proyecto de ley que ya antes estuvo en tratamiento y fue retirado por las protestas ciudadanas y por todos los reclamos en los sectores empresariales, populares y sociales de la economía boliviana, de todos los sectores activos en Bolivia por el peligro que representa para el ejercicio democrático, para las libertades ciudadanas y para la convivencia dentro de nuestro país, en la actualidad ha sido repuesto por el mismo Presidente, con el número 280 que en esencia es exactamente lo mismo”, denunció Rek.

Añadió que se conserva todos los peligros y riesgos ante los cuales la ciudadanía protesto en 2021, para no permitir que en Bolivia se instale una dictadura, ya que ese proyecto de norma buscaba generar un instrumento persecutorio para los bolivianos.

“Bajo el título de perseguir ganancias ilícitas o supuesto financiamiento ilícito al terrorismo, el Gobierno genera un instrumento que, haciendo del delito de terrorismo un delito penal, haciendo que este delito abarque una amplia gama de situaciones, incluso el contrabando o situaciones que se tipifiquen como ilícitas por no estar reguladas por una norma clara, en la amplitud de esta definición de ganancias ilícitas del terrorismo, cualquier ciudadano boliviano puede ser tipificado y denunciado dentro de esta característica; todas las protestas ciudadanas, todas las protestas gremiales, todas las protestas de sectores entran a ser tipificadas dentro del marco de este proyecto de ley”, advirtió la legisladora.

Al respecto, el diputado Erwin Bazán, condenó las intenciones del poder para que, dentro una supuesta lucha contra la legitimación de ganancias, básicamente se busque cambiar tipos penales para perseguir a los ciudadanos que piensan diferente. Prohibiendo protestas e inclusive confiscar los bienes de los ciudadanos.

Señaló que el Gobierno necesita ahondar su política autoritaria frente a la severa crisis económica que empieza a generar preocupación en la población; por tanto, cercenar las libertades ciudadanas es parte del plan represivo del gobierno de Luis Arce.

Recordó que a fines del 2021 el país se paralizó durante nueve días por la ola de protestas en rechazo a la ley que ahora pretende imponer. El proyecto de Ley fue remitido a la Presidencia de la Cámara de Diputados como parte de la correspondencia entregada por la Comisión de Constitución, a fin de que sea incluida en la agenda legislativa para su pronto tratamiento.

“Los bolivianos no lo vamos a permitir. Es la segunda vez que se quiere aprobar esta Ley”, dijo.

Bazán afirmó que la intención del Gobierno de restablecer los cambios en el Código Penal no es casual en circunstancias de una coyuntura económicamente compleja y en otros ámbitos, como el educativo, denuncias de corrupción de demandas para el sector salud, además de diferencia internas en el oficialismo.

En octubre de 2021, una ola de protestas ciudadanas logró que el Gobierno paralice y descarte el tratamiento del proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas en la ALP. Distintos sectores de la sociedad habían anunciado radicalizar sus medidas de presión si esta normativa continuaba en debate.