El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron un acuerdo para instalar una mesa de diálogo, aunque aún sin fecha.

«Las delegaciones del Gobierno Nacional y del Estado Mayor Central de las FARC-EP, reunidas en el municipio de Suárez, Cauca, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2023, reiteran su voluntad de dialogar y crear las condiciones necesarias para alcanzar las profundas transformaciones políticas, sociales, ambientales, económicas y culturales que se necesitan para hacer una Colombia más equitativa y justa», señala el comunicado.

El acuerdo preliminar consta de once puntos que fueron establecidos con el objetivo de impulsar y contribuir a un acuerdo político que erradique de manera definitiva las causas que generan el actual conflicto social y armado.

En primer lugar, se guía la instalación de una mesa de diálogo con toda su arquitectura jurídica, política, en presencia de la comunidad internacional y se ratifican como garantes y acompañantes permanentes a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), a la Conferencia Episcopal de Colombia y al Consejo Mundial de Iglesias.

Aunque aún no se decidió ni la fecha ni el lugar para la mesa, el acuerdo contempla que las delegaciones del Gobierno y del Estado Mayor Central de las FARC se reunirán a partir del 17 de septiembre de 2023.

Entre los objetivos de la mencionada mesa destaca la voluntad de un trabajo conjunto con ajuste a los protocolos de respeto a la población, al cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional, así como la protección de las comunidades y población civil, en general.

En este sentido, el acuerdo propone el cese al fuego bilateral como vía para reducir la confrontación, la violencia y desarrollar acciones que propicien la participación de la sociedad en el proceso de paz.

MISIONES HUMANITARIAS y GENERACIÓN DE CONFIANZA

En el marco de esta alianza se desarrollarán también ocho misiones humanitarias de verificación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sur de Bolívar, con la finalidad de formular recomendaciones de aplicación del DIH (Derecho Internacional Humanitario).

Además, se creará una Comisión Accidental con carácter especial para la resolución de contingencias, conformado por delegados y delegadas del Gobierno Nacional, en la que tendrán representación tanto los firmantes como los acompañantes designados.

RESERVADO EL DERECHO A LA LEGÍTIMA DEFENSA

Al final del documento se matiza, no obstante, que las partes se reservan su legítimo derecho a la defensa y mantendrán sus propias medidas de seguridad y acciones necesarias en el marco de respeto al Derecho Internacional Humanitario.

Pese a esta reserva, los firmantes han reiterado su firme intención de avanzar hacia la construcción de un acuerdo de paz que ponga fin a la confrontación armada y que propenda por el logro de una paz integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental. (Europa Press).