Después de que el exdirector de Migración, Marcel Rivas, difundió un video donde se declara en ayuno voluntario en la cárcel de San Pedro, la Dirección de Régimen Penitenciario informó que se ha hecho una requisa y el privado de libertad será sancionado por tener un teléfono celular dentro del penal.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que Rivas usó ese objeto prohibido para grabar el video en el que informó que se declaró en huelga de hambre por la retardación de justicia.

Limpias resaltó que existe un plazo de 15 días para dictar la sanción, que principalmente tiene que ver con la prohibición de recibir visitas en el centro penitenciario. Además, anunció una investigación para determinar “cómo ingresó ese celular”.

Asimismo, el funcionario admitió que existe “una deficiencia en la seguridad en el ingreso a Chonchocorito, Grulla y Posta, que se ingresa por la parte de atrás del centro penitenciario”.

EL VIDEO

Mediante un video, el exdirector de Migración se declaró en huelga de hambre dentro del penal de San Pedro y aseguró que saldrá de su encierro de dos maneras: libre o en cajón, muerto.

“A partir de este momento, dejé de comer y tomar cualquier tipo de líquido y no habrá voluntad autoritaria en este mundo que me obligue a cambiar de opinión, que no sea la orden de mi libertad inmediata e irrestricta”, afirmó.

“De este cautiverio solo saldré de dos maneras, liberado de inmediato como determinaron los mismos cómplices de los que ordenaron mi secuestro político o en un cajón, muerto, pero con la misma dignidad con la que asumí esta terrible impostura hace dos años y 11 meses”, agregó la exautoridad.

En el video que dura alrededor de cuatro minutos, Rivas contó sus vivencias al interior de la cárcel y señaló que a través jueces y fiscales intentan prolongar su encierro.

“Hoy, después de dos años y 11 meses la organización criminal que me tiene como rehén pretende continuar con esta infame impostura. Haciendo uso de delincuentes, fiscales, jueces y vocales pretende prolongar mi cautiverio a pesar de que sus propios cómplices me absolvieron de un proceso y me sentenciaron a tres años en otro sin haber demostrado la existencia de ningún delito, menos aún que yo lo haya cometido, ‘sentencia’ que en este país no contempla legalmente pasar un solo día detenido. Pero esos detalles son irrelevantes, sabemos muy bien que mi cautiverio responde a órdenes políticas de la organización criminal que gobierna Bolivia”, cuestionó.

PRIMER PRESO POLÍTICO

Noviembre de 2020, Luis Arce era posesionado como presidente del Estado y el día 19 de ese mes la Policía aprehendía al exdirector de la Dirección General de Migración, Marcel Rivas, bajo sospecha de haber “facilitado la fuga” de los ministros de Defensa y Gobierno del gabinete de Jeanine Añez.

Rivas fue director de Migración durante el gobierno de Jeanine Añez y su cargo dependía del Ministerio de Gobierno, entonces al mando de Arturo Murillo que días antes del cambio de gobierno, junto con su par de Defensa, Luis Fernando López, salieron del país por vías no controladas o pasos no autorizados.

Con Arce en el poder y el nuevo ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se impulsó la denuncia contra Rivas por presunto uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por otro tema relacionado a la emisión de 445 alertas migratorias, supuestamente sin respaldo legal.

Del Castillo presentaba media docena de archivadores y anticipaba que ese despacho se convertiría en la parte acusadora contra Rivas para “dejar un precedente” contra quienes “usaron las instituciones del Estado para perseguir a quien piensa diferente”.

“Esta persona utilizaba la institución para perseguir políticamente a varios sujetos de nuestra sociedad. De 1.061 alertas migratorias que había realizado, el 42% fueron ilegales para perseguir a exfuncionarios, políticos, periodistas, diplomáticos, incluso empresarios”, manifestaba Del Castillo a los cuatro días de la aprehensión de Rivas.

El mismo día en que Rivas era aprehendido, aquel 19 de noviembre de 2020, figura también como la fecha en la que la nueva directora de Migración, Katherine Calderón, emitía su informe a Del Castillo sobre esa emisión de alertas migratorias; es decir, se actuó “en el día” contra el exfuncionario.

Rivas denunciaba el carácter político de su aprehensión y aseguraba que en el caso de Murillo y López él ya no ejercía funciones en Migración, por tanto, el proceso era un montaje y una aberración jurídica.

“Lamentablemente el Ministerio Público todavía está siendo presionado por intereses partidarios que lo único que buscan es tener un trofeo político”, señalaba.

“No existe ningún elemento de convicción que dirija las investigaciones hacia que alguien de Migración, mucho menos su director haya ayudado a salir a los exministros y peor aún, cuando en mi caso, yo dejé de ser director antes de que se salgan las órdenes de aprehensión y los impedimentos de viaje”, acotó Rivas en una de sus pocas declaraciones públicas en medios de comunicación.

MONTAJE Y SIN VÍCTIMAS

En contacto con #Visor21 el abogado que patrocina a Rivas, Karlo Brito, explicó que su cliente era víctima de dos procesos armados que solo tienen como objetivo mantenerlo encarcelado con fines políticos.

Del primer caso sobre la salida de los exministros, hubo cuatro ampliaciones al tiempo de detención preventiva, mientras el segundo caso referido a las alertas migratorias sumó dos veces en las que los jueces incrementaron el tiempo de encarcelamiento contra el exdirector de Migración.

Brito explicó que se presentaron varios recursos para que Rivas salga del penal de San Pedro por su delicado estado de salud, pues perdió un riñón y esto lo hace susceptible a contraer cualquier tipo de enfermedades o infecciones dentro del penal, sin embargo, ningún juzgado atendió esas solicitudes porque el objetivo, reitera, es mantener a Rivas entre rejas.

Sobre las alertas informativas, el abogado enfatizó que muchas siguen vigentes hasta hoy, por tanto no existiría la figura de haber “obstaculizado” el libre tránsito de ciudadanos, además que ese año se activó dicha medida para que los puestos de control fronterizo tomen recaudo para evitar que exista trata de persona, sobre todo de menores.

Finalmente, Brito señaló que la única parte acusadora particular en el caso de las alertas migratorias es el Ministerio de Gobierno y no existe ni una sola víctima, ni un solo nombre de esas 445 personas que supuestamente fueron perjudicadas en 2020, situación que confirma el carácter político de este “montaje judicial”.

SUMATORIA DE MEDIDAS CAUTELARES

Tras su aprehensión, a Rivas se le impuso detención preventiva en el penal de San Pedro por cuatro meses por haber “favorecido en la fuga” de Murillo y López, aunque en principio alegó tener problemas de salud renales para ser internado en una clínica. El 20 de enero de 2021 se benefició con arresto domiciliario, pero la juez del Juzgado Tercero Anticorrupción, Claudia Castro, le revocó ese beneficio el 5 de febrero para devolver al acusado al panóptico de La Paz.

Posteriormente se amplió esa medida cautelar y en mayo de 2021 se le dictó cinco meses de detención preventiva por el caso de las alertas migratorias. En agosto, el Juzgado Primero Anticorrupción agregó otros dos meses contra Rivas en el caso de la “fuga de Murillo y López”.

En diciembre de 2021, la Fiscalía concluyó la etapa de investigación y anunció la imputación formal bajo los cargos citados, además de sumar uso indebido de bienes y servicios públicos, para apuntar a lograr una sentencia de ocho años de prisión contra Rivas.

El fiscal Gustavo Balderrama explicó que las alertas migratorias se emitieron de manera directa mediante un instructivo a la Unidad de Control Migratorio y Arraigos, sin que esas 445 personas hayan tenido procesos penales y que no fueron solicitadas por la Policía, un juez competente o el propio Ministerio Público, como mandan los manuales de procedimientos internos.

La Unidad de Control Migratorio y Arraigos emitió durante la gestión de Rivas esa cantidad de alertas denominadas “informativas” mediante una instructiva del entonces director. La defensa explica que aquello obedeció a una acción preventiva para precautelar la seguridad de los menores de edad que son llevados al exterior.

Es más, del total de alertas emitidas, actualmente aún se encuentran vigentes la mayoría, según el informe del Departamento de Registro y Sistemas.

Después de 32 meses de detención preventiva, el exdirector de Migración, Marcel Rivas, acusado por presuntamente permitir la salida irregular de territorio nacional de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, fue absuelto en agosto pasado, en audiencia de juicio.

“Ha estado dos años y ocho meses preso y le han dado una absolución, han dicho que es inocente, pero sigue detenido por otro caso”, dijo Brito en la oportunidad.

Asimismo, en junio de 2023, el Juzgado Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó una condena de tres años de privación de libertad contra de Rivas, en el proceso por la emisión presuntamente irregular de alertas migratorias, informó el abogado Karlo Brito.

El jurista aclaró que su patrocinado fue absuelto de los delitos de uso indebido de influencias y uso indebido de bienes y servicios del Estado, no obstante, fue declarado culpable por el ilícito de incumplimiento de deberes.

RESPETO A AYUNO

Por otro lado, Limpias aseguró que más allá de la seguridad, Régimen Penitenciario “respetará” el “ayuno voluntario” al que ingresó Rivas desde ayer y aclaró que esa medida no la asume por “alguna vulneración que pasó dentro del penal”, sino que es por su situación jurídica.

El director de Régimen Penitenciario resaltó que se garantizará su derecho a la salud, razón por la que ya fue valorado por el personal médico.

“Seguramente será visitado por la Defensoría del Pueblo”, indicó, aunque aclaró que él solicitó que “no recibirá a ninguno de sus familiares”.