El ingreso del funcionamiento al 100% de la Gestora Pública a partir de mayo, administrando los fondos de los jubilados y de los trabajadores, de las dos AFP Previsión y Futuro, entidad gubernamental que ha generado desconfianza en la población a pesar de los candados jurídicos que aseguran los ejecutivos de la institución, pues economistas y aportantes, así como los pasivos plantearon varios mecanismos para que el manejo sea transparente

La semana pasada los jubilados del sector salud protestaron en la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas, exigen la abrogación de la Ley 065, que da curso a la Gestora Pública, ya que desconfían del manejo a pesar de los candados que señalan los ejecutivos del ente estatal.

Los jubilados del sector salud en un mitin en la puerta del Ministerio de Economía, en rechazo a que la Gestora administre los fondos de pensiones de los jubilados del país, gritaron que su plata no se toca.

El año pasado, el Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) organizó el foro sobre la Gestora Pública, titulada ¿Quién gana y quién pierde con la Gestora Pública?.

El expositor Carlos Calle Rivera indicó en el Foro que a pesar de las promesas del Gerente, la situación es complicada, y como dato dijo que la Gestora contaba, en esa oportunidad, con 248 empleados, mientras que las AFP estaban con 1.000 personas, se podrá garantizar la eficiencia, preguntó y señaló su duda al respecto.

También dijo que las AFP tienen inversiones estatales que alcanzan al 29% del total, a un plazo de 50 años y un interés fijo de 5,1%, y entre 2021 y junio de 2022 se ha prestado aproximadamente 2.000 millones de dólares.

En 2021 el 83,6% de recaudaciones de las AFP han ido al Gobierno y en 2022, a junio, el 72,7%.

En el Foro, el investigador del Cedla, Carlos Arze, presentó algunas observaciones también, como que la emisión de bonos del Gobierno y del Banco Central de Bolivia no tiene límites, mientras para empresas existen techos de porcentajes, además de cumplir ciertos requisitos, como las calificaciones de riesgo.

Asimismo, denotó que la norma señala que la Gestora debe priorizar inversiones en empresas productivas, se teme que la misma se haga en empresas públicas, pues la administración de los fondos está en manos del Estado.

Críticas

La semana pasada los medios digitales e impresos informaron sobre el monto que percibe el Ejecutivo de la Gestora, Jaime Durán, de 35.000 bolivianos mensuales, y que había asegurado que iba hacer crecer los recursos.

Al respecto Gonzalo Chávez Álvarez escribió en @GonzaloCHavezA que “nada contra un profesional especialista gane bien. No es el caso del político que está a cargo de la gestora. Un militante del MAS a cargo de más de 23.000 millones de dólares. ¿Cuántos años de experiencia tiene el alta gerencia de la gestora administrando fondos financieros.?”

Como se recordará, hace unas semanas atrás el medio digital argentino informó que Arce va por los recursos de los jubilados ante la actual crisis que enfrenta el Gobierno ante la falta de liquidez de dólares.

Ahora Chávez escribió en @GonzaloCHavezA, el 6 de abril, que “comienza la apropiación más grande de la historia económica de Bolivia. Políticos sin ninguna experiencia en altas finanzas se harán cargo de 23.000 millones de dólares de los pensionistas bolivianos. Este dinero está en Bs.”.

Ante ese escenario incierto, Chávez plantea cómo evitar el posible mal manejo de esos recursos, sugiere dos alternativas, que se detenga este proceso o crear un gobierno corporativo de la Gestora Pública, independiente de los políticos, con participación de los interesados o crear una segunda Gestora y permitir que un privado participe en el mercado de fondos de pensiones.

“Solo la competencia va ayudar a mejorar el servicio y la rentabilidad», escribió @GonzaloCHavezA

Además diputados de la oposición plantearon un proyecto de ley para la creación de un administrador privado para que la población pueda elegir a cuál decide aportar, ya se sumaron las universidades a esta iniciativa, debido a que no confían en el Gobierno.

En los análisis que realizaron expositores en el foro sobre la Gestora Pública, indicaron que todos los ejecutivos que van a manejar la entidad estatal fue realizado por el Presidente Luis Arce.

Protesta

El secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones de La Paz, Juan Antonio Ticona, denunció que la Ley 065 representa un atropello a los derechos de los jubilados.

«No nos han consultado (sobre la Ley 065) cuando nos afiliamos a las AFP hemos firmado un contrato de contraparte, por tanto, ese documento está en archivos, en cambio, no tenemos nada con la Gestora, ellos se están apropiando de nuestros recursos», cuestionó Ticona de acuerdo a ANF.

Mientras tanto, el gerente General de la Gestora Pública indicó que actualmente sólo el 28% de toda la cartera de inversiones está en instrumentos del Tesoro y dicha cifra es mucho menor a los años 90, cuando se invertía el 72% de los ahorros en bonos del Estado.

Aseguró que el Gobierno no podrá disponer del dinero de los ahorristas de forma directa porque la ley no lo permite; además, aseguró que las inversiones son inferiores en el sector estatal, a diferencia de periodos anteriores.

El servidor público sostuvo que buscarán invertir los ahorros de la gente en sectores que ofrezcan mejores rendimientos con mínimos riesgos; también resaltó que no existe ninguna obligación para invertir en instrumentos del Estado.

Calle dijo en el Foro que se desconoce el plan de inversiones de la Gestora, por ello crea dudas en su administración.

Mientras tanto, en las redes sociales recuerdan que la entidad estatal se gastó millones de dólares en un software, así como en sueldos sin estar funcionando.

Con la ley 065 se inició el proceso, el decreto supremo 2245 de enero de 2015 estableció estatutos para el inicio de actividades, en agosto de 2015 se lanzó la convocatoria para el gerente de la entidad estatal, en febrero de 2016 se posesiona, pero en esta fecha no inicia actividades a pesar del plazo establecido.

En 2019 se establece un nuevo plazo de funcionamiento, de 30 meses a través del decreto 33837 y el DS 4585 de septiembre de 2021 se inicia parcialmente las operaciones y se fija para mayo de la presente gestión el inicio total de operaciones.