“Se presentó la denuncia ante la Fiscalía por la tortura y vejaciones que sufrió durante su encarcelamiento por el denominado caso Fondo Indígena. Se debe establecer quiénes permitieron la manipulación de la cual fue víctima, como si se tratase de un objeto, cuando fue llevado de una cárcel a otra y todas las vejaciones que provocaron su muerte”, informó a VISOR21 el abogado Héctor Castellón. Explicó que, entre muchos otros documentos, la denuncia tiene el respaldo de un estudio elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI).

Aramayo falleció en abril de 2022, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio que derivó en una falla multiorgánica. Su cuadro de salud fue el resultado de la acumulación de diversas enfermedades que sufrió durante los siete años de encierro en el penal de San Pedro y la persecución judicial que padeció al ser llevado de un departamento a otro, en el marco de todos los procesos penales que se le siguieron.

Asumió la dirección del Fondo Indígena en 2013 y un año más tarde presentó un informe que reveló que la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo Tola, autorizó el desembolso de Bs 575 millones, provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para el supuesto financiamiento de 1.032 proyectos productivos. El informe detallaba una gran deuda y la quiebra técnica del Fondo Indígena.

Castellón informó que la denuncia se planteó para que se dé con los autores intelectuales y materiales de la tortura física y psicológica que sufrió Aramayo, según lo establece el estudio del ITEI. En criterio del abogado, entre los responsables de la tortura y vejaciones están jueces, fiscales, policías, funcionarios del Fondo Indígena, Régimen Interior e incluso de ministerios como el de Desarrollo Rural y el de Justicia.

“Llama la atención que ni el Ministerio de Gobierno ni ninguna otra entidad haya activado ninguna investigación por las circunstancias en las que murió Marco Aramayo, pese a que se denunció todos estos extremos y hace más de un año de su muerte”, manifestó Castellón.

En su denuncia, la familia planteó que se debe investigar y sancionar a quienes dilataron y permitieron que el caso del Fondo Indígena dure más de siete años, cuando la norma señala que la investigación y un posible juicio con sentencia debían darse en un plazo máximo de tres años. En criterio de Castellón, ese hecho fue uno de los principales factores que dieron lugar a las vejaciones que Aramayo sufrió.