El coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado constitucionalista, Jorge Santistevan, en entrevista con EL DIARIO plateó seis tareas básicas para luchar contra la trata y tráfico de personas, calificado como el tercer delito más rentable del mundo.

La primera tarea que debe ejecutar el Gobierno – según Santistevan – es planear investigaciones y operativos para desorganizar las redes delictivas y no conformase con la aprehensión del explotador inmediato.

Un segundo planteamiento es rescatar y proteger a las víctimas, extremo que asegura no siempre sucede, ya que después de que la víctima es devuelta a su familia, nadie hace seguimiento.

Como tercer punto, Santistevan plantea realizar un acompañamiento terapéutico en casas de acogida a las víctimas, tomando en cuenta todo lo que tuvieron que pasar antes de ser rescatadas.

Un cuarto punto es la elaboración de un programa de inclusión y capacitación laboral.

Asimismo, plantea facilitar acceso al trabajo con el apoyo gubernamental. Finalmente, considera que se debe indemnizar a las víctimas de trata y tráfico, mediante un fondo fiduciario que puedan acumular de las intervenciones a los bienes incautados por esta causa.

El experto aclaró que el Gobierno es responsable de proteger a los ciudadanos mediante políticas preventivas bien gestionadas para eliminar todas las formas de violencia contra la sociedad como la trata, la explotación sexual y otros tipos de torturas, asegurando la prohibición y eliminación de las actuales formas contemporáneas de esclavitud del ser humano en nuestro país.

DELITO FUERA DE LA ATENCIÓN DEL GOBIERNO

Santistevan asegura que la trata y tráfico de personas es un delito contra la sociedad boliviana que se ha mantenido poco visible y “fuera del foco de atención del Gobierno”, tomando en cuenta que hay una real ausencia de datos y cifras oficiales de intervenciones policiales, de procesos penales y sentencias firmes o ejecutoriadas, lo cual facilita un proceso de negación del problema.

Recordó que la trata y tráfico de personas es la tercera actividad más rentable del mundo, después del narcotráfico y del tráfico de armas.

“La trata y tráfico tiene varias modalidades, entre ellas: la modalidad de explotación laboral, la modalidad de explotación sexual y la modalidad de la explotación infantil, de las mismas se desprenden otros delitos conexos, como el delito del chantaje (coercitivo), con personas que manejan audios, fotografías, filmaciones, abusos o cualquier otro acto a fin de someter a las víctimas”, explicó.

Apuntó que las organizaciones criminales de trata y tráfico van hacia el lugar donde hay más necesidades y mediante engaño los inducen a una situación de servidumbre o de esclavitud que puede ser laboral o sexual.

“La explotación se concreta generalmente cuando los obligan a trabajar por encima del máximo diario laboral, cuando les pagan menos del salario mínimo y cuando trabajan en condiciones indignas”, apuntó.

En ese marco precisó que esas redes delictivas, operan con ofertas engañosas fijando que su objetivo sea grupal o individual, enfocándose en sus necesidades, la miseria y la falta de empleo, aplicando técnicas de acercamiento, seguimiento, contacto, ofrecimiento, posteriormente el traslado de la víctima, el recibimiento en el lugar de explotación y finalmente el sometimiento o esclavitud.

POBLACIÓN DESAMPARADA

“Mientras la población esta desamparada, las intervenciones policiales en Bolivia llegan solamente hasta el ‘explotador inmediato’, pero no llegan a la red de explotadores o al pez gordo, de manera que la red criminal queda intacta”, dijo.

Advirtió que en Bolivia la trata y tráfico de personas está en una modalidad de protección, desde el punto de vista que las autoridades no intervienen.

“Hay definitivamente una ineficiencia de la Policía, cuando uno va a reportar la desaparición de alguien debe esperar horas y eso no tiene que ser así, uno debería demandar por incumplimiento de deberes a la autoridad que le dice espere (…). Si la desaparecida es mujer, le dicen se ha ido con su enamorado, a la mujer siempre la etiquetan como una persona que se fue porque se cansó y quería libertad y se fue con el novio. No tiene que ser así, la denuncia se la tiene que registrar seriamente y empezar a buscar de manera inmediata”, manifestó.

Apuntó que otra “excusa” de los funcionarios policiales es la falta de gasolina.

“El problema de la Policía es que está enfrentando a la sociedad y a las autoridades de Gobierno que se ocupan de otras cosas antes de hacer gestión”, apuntó.

CASUALIDAD

Santistevan recordó que la semana anterior, la búsqueda de una adolescente de 16 años, reportada como desaparecida en Potosí, llevó a la Policía a allanar un inmueble de la ciudad de Santa Cruz, en la que encontraron a 28 personas siendo explotadas laboralmente en un taller de costura clandestino.

“Las personas que trabajaban en esta fábrica, son de diferentes partes de Bolivia. Estamos en proceso de investigación”, dijo el jefe de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas, Daniel Tineo.

El fiscal asignado al caso, Daniel Lobo, inició las investigaciones del caso, además procedió a precintar el inmueble donde funcionaba la fábrica de costuras.

“En este caso, fue un accidente, fueron a buscar a una menor de edad y encontraron que había un taller con 28 personas trabajando en ese lugar de manera irregular, sin registro y otros detalles que tienen que investigar los policías”, dijo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Desde el punto de vista de la justicia – dijo Santistevan- las estadísticas de sentencias ejecutoriadas por estas causas son mínimas, no alcanzan al 5% del total de los delitos de orden público debido a fallas procedimentales en la investigación, como ejemplo en el caso del taller de costura recientemente intervenido, se debe investigar a la cabeza de la red y castigar económicamente a la marca, y no solamente al contratista explotador.

“Aquí juega un rol importante el Ministerio de Justicia, que no se ocupe de pedir informes de casos particulares (…) porque ya están inmersos en redes criminales que están creciendo como los cárteles del narcotráfico”, apuntó.

Asimismo, Santistevan apuntó que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) debe constituirse en parte querellante por el delito de enriquecimiento ilícito y, probablemente, conexos con el lavado de activos.

“Antes que este ilícito siga creciendo igual que el narcotráfico, se exhorta al Gobierno que mediante sus instituciones como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, los órganos como la UIF, el Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, entre otros”, aseveró.

DATOS

El artículo 36 de la Ley 263 Contra la Trata y el Tráfico de Personas, instruye a la Policía Boliviana a realizar patrullajes de recorrido en lenocinios, bares, cantinas, salas de masajes, clubes nocturnos, fábricas, negocios y otros, a fin de detectar hechos relacionados con este flagelo que cada año afecta a casi tres millones de personas en el mundo.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala, en su informe de 2016, que los niños representan casi una tercera parte de las víctimas de trata detectadas. De cada tres víctimas menores, dos son niñas y uno es niño. Principalmente, son explotados sexual y laboralmente.