Exministra Roxana Lizárraga es sentenciada a cuatro años
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, sostuvo que se registraron 182 movimientos irregulares en las cuentas bancarias de la exministra, cuyos depósitos ascienden a una suma de Bs 247.072.
El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción sentenció a cuatro años de cárcel en el penal de Obrajes a la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, por el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, por movimientos bancarios que ascienden a casi Bs 250.000.
“El Tribunal ha dictado una sentencia en contra de esta persona porque el Ministerio Público ha demostrado con las pruebas suficientes que existió movimientos irregulares bancarios y ha determinado una condena de cuatro años en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado”, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave, el pasado viernes.
La autoridad explicó que el proceso surgió a raíz de 182 movimientos bancarios sospechosos que Lizárraga habría realizado. El total de estos depósitos llegaron a la suma de 247.072 bolivianos, cifra que “no correspondería” a su estilo de vida.
Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó los movimientos irregulares en las cuentas bancarias de la exautoridad durante sus funciones como titular de la cartera de Comunicación en el gobierno interino de Jeanine Añez.
En palabras del fiscal: “a partir de ese informe, iniciamos la investigación que llevó a la acusación formal contra Lizárraga por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. El Tribunal, al considerar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, dictó una condena de cuatro años en su contra por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado”.
La exministra fue procesada en rebeldía pues se encontraba fuera del país durante el juicio, época en la que negó las acusaciones en su contra. De acuerdo con el Gobierno, Lizárraga fugó del país y huyó a Perú, donde solicitó refugio en 2021.
Por su lado, Lizárraga denunció que el proceso en su contra fue motivado políticamente como una maniobra para “matarla civilmente” y desprestigiarla gracias a la mala fe de algunas autoridades del Ministerio Público. Aseguró contar con facturas y documentos, que justifican sus ingresos y alegó que trabajó desde muy joven.
Alave agregó que la parte resolutiva de la sentencia fue dada a conocer el jueves 15 de agosto y que se espera conocer la integridad de la sentencia la próxima semana.
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