Debido a la toma de hoteles de Sal y el amedrentamiento a los huéspedes de varios de esos establecimientos, hechos acontecidos en la población de Colchani (ingreso al principal atractivo turístico del Estado Plurinacional de Bolivia, Salar de Uyuni), la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur) manifiesta su total repudio a las acciones de violencia suscitadas, expresa su preocupación sobre la seguridad jurídica y el riesgo a la inversión privada, de acuerdo al pronunciamiento de la entidad.

“Afirmamos que con estas acciones el turismo receptivo se ve afectado directamente, desmotivando la llegada de futuros visitantes y debilitando la reactivación sectorial, dañada por alrededor de dos años (por la) pandemia», señala.

También Canotur señala que laactividad turística está protegida por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y, en especial, por ley 292 «Bolivia te espera».

En el artículo de seguridad turística, establece que “el ejercicio de las competencias y gestión de todos los niveles del Estado en el marco de la norma jurídica aplicable, con el propósito de evitar situaciones de hecho que afecten negativamente a la experiencia turística, propiciando que él o la turista se desplace en un espacio turístico seguro, exento de riesgos reales o potenciales.

Otro acápite señala que se debe contar con seguridad turística dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de las autoridades correspondientes.

“Tomando en cuenta estos artículos de la ley que nos protege como sector es que, solicitamos a las autoridades correspondientes, tanto departamentales como nacionales, a tomar las medidas respectivas, con urgencia para frenar estos hechos que dañan a la imagen del Estado plurinacional de Bolivia», señala.

Asimismo, la Cámara Boliviana de Hotelería (CBH) expresó ayer su condena al bloqueo de accesos a las empresas hoteleras en el Salar de Uyuni, así como la extorsión por parte de los comunarios del lugar, señala una nota de ANF.

Mediante comunicado difundido en su red social, la entidad que agrupa a 1.200 empresas de hospedaje, expresó su enérgica protesta por el asedio a las empresas turísticas, principalmente, hoteleras asentadas en inmediaciones del Salar.

A través de las redes sociales y medios de prensa potosinos, se conoció que comunarios exigían a los transportistas el pago de 15.000 dólares por concepto de regalías anuales y ante la negativa de los propietarios impidieron el ingreso a los hoteles Luna Salada, Cristal Camaña y Hotel Colque.

Esa acción de hecho derivó en que varios vehículos se queden retenidos y decenas de turistas obligados a trasladarse a pie para llegar a su hotel, donde los esperaba otro grupo de bloqueadores para impedirles su ingreso.

La Cámara considera que estos hechos son de «extrema gravedad» y pidió la intervención de las autoridades de gobierno para garantizar la seguridad interna del país, identificar a los responsables y sancionarlos por atentar al libre tránsito, a la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros.