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Excomandante del Ejército lleva más de tres meses de detención ilegal

El Diario
Publicado Sabado, 16 de Septiembre de 2023.
Excomandante del Ejército lleva más  de tres meses de detención ilegal
La audiencia de ampliación a la detención preventiva para todos los imputados en el caso denominado golpe I, se suspendió para el próximo 27 de septiembre.

El excomandante del Ejército, general Pastor Mendieta, imputado por el supuesto golpe de Estado de 2019, lleva más de tres meses de detención preventiva ilegal, siendo que la última ampliación a la medida extrema concluyó el 11 de junio de 2023, manifestó a EL DIARIO, el abogado Juan Javier Peñaloza, que patrocina a la exautoridad.


“Le han ampliado (la detención preventiva) hasta el 11 de junio, retroactivamente. El juez siempre deja pasar el plazo de la detención preventiva y la vez anterior hizo lo mismo, los tres meses que le habían ampliado ya se había vencido y lo mismo está pasando ahora, seguro le van a ampliar por tres meses y ese plazo ya está vencido, sería el 11 de septiembre, por eso vamos a solicitar el cese a la detención preventiva en la audiencia que está prevista para el 27 de septiembre”, precisó el jurista.


Mendieta se encuentra recluido en el penal de San Pedro de La Paz, desde marzo de 2021 por el supuesto golpe de Estado.


En agosto pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información complementaria sobre la vulneración de los derechos del excomandante del Ejército, el exjefe militar cumplió con lo requerido porque busca beneficiarse con medidas cautelares del organismo internacional.


El 11 de mayo de 2023, Tamara Suju, abogada venezolana y activista contra el chavismo, presentó la solicitud de Medidas Cautelares de protección ante la CIDH, para el general Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, quien presentaba graves patologías.


El 4 de mayo de 2023, Suju expresó su solidaridad con Mendieta y dijo que a partir de la fecha será su voz a nivel internacional para denunciar la vulneración a los derechos humanos del exjefe militar boliviano.


“A partir de hoy seré la madrina del general Mendieta en la campaña Release Chains, apadrina a un preso político del mundo, y desde ya exigimos su libertad”, explicó, en la oportunidad, la abogada y directora Ejecutiva de Casla Institute, una organización internacional que aborda los derechos humanos desde el ámbito jurídico y académico.


En la oportunidad, Suju explicó que los derechos de Mendieta son sistemáticamente vulnerados, pues no recibía la atención médica precisa ya que tiene diversas afecciones desde presión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes y daño renal.


“El régimen de Luis Arce limita su derecho a la salud impidiendo que sea tratado por especialistas, la última vez que lo pasearon por un hospital fue el 13 de febrero de este año y digo que lo pasearon porque no le permitieron ser atendido por ningún especialista en las patologías que padece”, dijo.


Según su reseña en el portal de Casla Institute, Suju “es autora del mayor archivo de casos de tortura, violencia sexual y detenciones arbitrarias en Venezuela. En los últimos años Suju ha recopilado testimonios de primera mano de más de 400 víctimas de violaciones cometidas por el gobierno venezolano, concluyendo que tales actos no fueron esporádicos, sino sistemáticos y generalizados”.

RESPUESTA


El 4 de agosto de 2023, la CIDH, pidió información adicional para tomar una decisión sobre la solicitud. Requirió mayores detalles sobre las condiciones de salud actuales de Mendieta, qué medidas en específico requiere y que tipo de atención médica recibe al respecto.


“De ser posible, proporcionar historial o control médico que acrediten tal situación; b. En caso de no estar recibiendo atención médica, precisar si se han presentado recursos internos para acceder a atención y tratamiento médico, y la respuesta obtenida, aportando el correspondiente soporte documentario; En caso negativo, detallar las razones por las cuales no se habría hecho (sic)”, se lee en parte del requerimiento que fue contestado el viernes.


En anterior entrevista con este medio, el abogado Juan Javier Peñaloza, manifestó que el objetivo de obtener la medida cautelar es que se garanticen los derechos que se vulneraron de su patrocinado.


“Ya se ha enviado toda la documentación e información que se ha requerido (…) no le dejaban salir al hospital por eso hasta presentamos acciones de libertad, ahora ya le han otorgado salidas judiciales (…). Con la medida cautelar se pretende que se garantice el derecho a la salud y se pueda disponer una medida menos gravosa que la detención preventiva”, dijo.

VIDA EN RIESGO


En febrero de 2023, a pesar de haber ganado una Acción de Libertad, el excomandante del Ejército no pudo acceder a una atención médica externa solicitada para estabilizar su salud, que se encontraba bastante deteriorada.


En la oportunidad, un familiar de Mendieta advirtió que en los casi dos años que el general llevaba detenido, solo una vez le permitieron salir a controlar su salud.


“Él necesita ecografías, tomografías y otros estudios que no pueden hacerle en el penal porque no hay equipamiento. No dejan ingresar tomógrafos al penal, ha mucha insistencia hemos conseguido que su seguro vaya y le saque una ecografía, pero no los dejaron entrar y le trajeron dos médicos generales del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), cuando él necesita especialistas”, manifestó la familiar del exautoridad.


El 31 de agosto de 2022, Mendieta fue trasladado de emergencia al hospital de Cossmil, debido a una hipertensión esencial primaria.


Desde noviembre de 2022, Mendieta peregrinaba por una segunda salida médica, tal como recomendaron los profesionales. Sin embargo el juez del Juzgado Décimo de Instrucción Penal Cautelar, Armando Zeballos Guarachi, en un informe “verbal en audiencia”, señaló que la “documentación que ha presentado a fin de sustentar sus peticiones de salida médica no establecen un carácter de urgencia”.


Peñaloza aclaró que los permisos para salidas médicas ahora son más flexibles y en ese marco la semana que viene su patrocinado asistirá a sus controles.

PRESOS POLÍTICOS


En la oportunidad, la familia de Mendieta lamentó que el general, que engrosa la lista de “presos políticos”, sea tratado peor que los reos prontuariados como el brasileño que fugó del hospital de Clínicas de La Paz, que presuntamente obtuvo una salida médica sin mayor complicación y en un vehículo privado.


Recordaron que una de las pruebas que presenta la Fiscalía para acusar e imputar a Mendieta en el supuesto golpe de Estado de 2019, es que acompañó al excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, en una conferencia de prensa donde sugirió la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.


“La Fiscalía no tomó en cuenta que las exautoridades solo obedecieron una orden de su superior, ellos no deciden solo obedecen”, dijeron.


El general Mendieta fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz, el 17 de marzo de 2021, imputado por un supuesto “golpe de Estado” en 2019; después que se presentó voluntariamente a prestar su declaración informativa.

DETENCIÓN INDEFINIDA


En una entrevista anterior con este medio, el abogado constitucionalista, Jorge Santistevan, manifestó que desde hace años, la detención preventiva está de moda y por encima de la presunción de inocencia, no obstante en los últimos meses el extremo se agudizó porque se convirtió en indefinida, tal como sucede con la expresidenta Jeanine Añez, quien lleva más de dos años encerrada, al igual que otras 56 exautoridades que están procesados por un supuesto golpe de Estado en 2019.


“Hace tiempo que la detención preventiva se convirtió en indefinida; lamentablemente el Gobierno ha transformado a operadores de justicia en su brazo represor, como el caso de la expresidenta Jeanine Añez, que está siendo procesada fuera de la norma, en vía ordinaria, cuando le corresponde un juicio de responsabilidades”, manifestó.


El jurista explicó que el plazo máximo para una detención preventiva es de 180 días (seis meses) y por etapas, los más lógico, empero ese extremo no se respeta, más aun en el caso de los considerados “presos políticos”.


“Si en tres meses, según el caso, la investigación no concluye, amplían, pero no puede ser más de seis meses porque el sistema estaría fallando en contra de los derechos fundamentales que tiene una persona que supuestamente está siendo denunciada. Después de ese tiempo pasa a ser víctima como Jeanine Añez”, precisó.



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