La exsecretaria edil, Sandra Velarde, es la primera sentenciada a pagar un millonario resarcimiento dentro del caso de contratos irregulares.
La exsecretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz, Sandra Velarde Casal, fue condenada a pagar más de 32,4 millones de bolivianos como resarcimiento económico civil dentro del caso denominado “contratos irregulares”, informó ayer la Procuraduría General del Estado (PGE).
El Juzgado de Sentencia Penal número 13 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió la sentencia el viernes 9 de agosto de 2024, en la que declara probada la causa, “imponiendo a la condenada el pago por concepto de resarcimiento civil de un monto total de Bs 32.493.970 en favor del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra”, añade el pronunciamiento.
Velarde, de profesión arquitecta, fue la secretaria que más tiempo ejerció como titular del área de Planificación en el gabinete edil durante la gestión del exalcalde cruceño, Percy Fernández. Posteriormente, acompañó a la exalcaldesa interina, Angélica Sosa, como secretaria de Administración y Finanzas, cuando el caso fue revelado.
La Procuraduría calificó esta sentencia como un “resultado inédito y favorable” para los intereses y el patrimonio del Estado, reafirmando su “incansable compromiso” con la defensa del Estado. “La PGE, actuando conforme a las facultades otorgadas por la Constitución (Política del Estado) y el ordenamiento legal vigente, ha promovido esta acción penal y la consecuente acción civil reparatoria de manera responsable”, concluyó.
ANTECEDENTES
El proceso fue abierto en 2021 por denuncia del actual burgomaestre cruceño, Jhonny Fernández, quien presentó los resultados de una auditoría que señalaba la existencia de 1.205 contratos de personal presuntamente irregulares durante la gestión de Sosa, en el período de campaña para las elecciones municipales.
Según la denuncia, estas 1.205 personas recibieron salarios correspondientes a los tres primeros meses de la gestión, sin que sus contratos tuvieran las debidas firmas y respaldos, por lo que se presumió que las personas contratadas fueron destinadas a la campaña.
El 22 de diciembre de 2022, tras someterse a proceso abreviado por el caso “contratos irregulares”, Velarde aceptó su culpabilidad por ocasionar un daño económico de Bs 25,6 millones al municipio, por lo que fue sentenciada a tres años de cárcel en el penal de Palmasola.