Una de las abogadas que presta sus servicios en la firma no tiene registro en el Registro Público de la Abogacía (RPA) y otro profesional patrocina en un caso penal particular a otro funcionario, extremos que van en contra de la Ley de Abogacía.
Mediante la certificación CERT/URPA/13085/2023, de fecha 1 de agosto de 2023, la Unidad de Registro Público de la Abogacía, del Ministerio de Justicia, certifica que la abogada de iniciales N. F. R., apoderada del interventor Jaime Gutiérrez, para atender procesos laborales, “no se encuentra registrada ni matriculada en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional”.
El artículo 6 de la Ley de Abogacía señala que para ejercer la abogacía en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia se requiere: “Título profesional de abogada o abogado, registro y matriculación en el Ministerio de Justicia.Las abogadas y los abogados, se someterán al control del ejercicio profesional a través del Ministerio de Justicia o de los Colegios de Abogados”.
Asimismo, presentaron documentación que relaciona a un funcionario de Epsas con un caso abierto por daño económico al Estado, vinculado a la Empresa Boliviana de Caminos – EBC, la cuantía es de más de 28 millones de bolivianos.
A decir de los extrabajadores, lo que llama la atención es que el abogado de iniciales A. G. U., que forma parte del departamento jurídico de Epsas, patrocina a su compañero en ese proceso particular, extremo que va en contra de lo que estípula el artículo 7 de la Ley de Abogacía que señala que: “La servidora y servidor público de profesión abogada o abogado, está impedido de patrocinar casos particulares, salvo el caso de patrocinio en causa propia, la de sus ascendientes o descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
El equipo de EL DIARIO, en busca de una contraparte, envió preguntas al interventor de Epsas S.A., Jaime Gutiérrez, el viernes de la semana pasada. El lunes 21 del mes en curso, la representante del Interventor visitó a esta casa periodística sin respuestas al cuestionario planteado; el martes 22, la misma persona volvió a nuestras oficinas, pero tampoco hubo respuestas, sólo pidió plazos.