“Ponderamos la decisión del gobierno de enfrentar radicalmente el contrabando de carburantes. Esperamos que la medida se amplíe a todos los ámbitos en los que este delito ha penetrado, con sus efectos nocivos sobre la industria y el empleo y su secuela de violencia y corrupción”, señala el twitter de la CEPB @CEPB_Bolivia.
Los empresarios en su momento indicaron que el contrabando mueve alrededor de 3.500 millones de dólares al año, y los comisos alcanzados en 2021 no pasa los 100 millones mientras que en 2022 el valor pasó esta cifra, pero solicitan que el control y la lucha se intensifiquen, y también participar.
En la presentación del plan, las autoridades indicaron que con la puesta en marcha de la propuesta esperan ahorrar 1.000 millones de dólares, y que el daño provocado por el comercio ilegal de combustibles habría alcanzado a 250 millones.
Informaron que se realizarán controles militarizados en 12 regiones fronterizas, con personal militar, de la aduana y la policía.
Como se recordará para la compra de combustibles en 2022 se fijó en un monto de 700 millones de dólares, pero al finalizar la gestión la cifra subió a 1.700 millones, y para la presente gestión se tiene un presupuesto de 1.000 millones.
También los expertos en el tema observaron que se incrementó el volumen de combustibles, a pesar de que no subió el número de vehículos en esta proporción, aunque el gobierno señaló todo lo contrario.