Rolando Coteja Mollo

Los bloqueos en Bolivia han sido un método recurrente de expresar descontento social y político. Si bien su efectividad para llamar la atención de las autoridades es innegable, las consecuencias negativas para la economía y los derechos de la población son significativas.
Los bloqueos tienen consecuencias económicas inmediatas y a largo plazo, por ejemplo, al interrumpir las rutas principales, se generan pérdidas cuantiosas en sectores como el transporte y el comercio. Los productos perecederos se dañan, la cadena de suministro se ve afectada y la economía nacional y el comercio internacional sufren las consecuencias. Cada día de bloqueo se traduce en millones de bolivianos en pérdidas, tanto para el sector formal como informal.
Más allá del impacto económico, los bloqueos también vulneran derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y tratados internacionales. El derecho al libre tránsito, un derecho fundamental garantizado en el artículo 21.7 de la Constitución, se ve gravemente afectado. Instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también reconocen este derecho. La imposibilidad de movilizarse libremente no solo afecta la movilidad, sino también el acceso a servicios esenciales como el trabajo y la atención médica.
El derecho al trabajo, protegido por el artículo 46 de la Constitución y los convenios de la OIT, también sufre las consecuencias de los bloqueos. Los trabajadores se ven afectados, no pueden llegar a sus fuentes de trabajo, sufren la pérdida de ingresos y, en muchos casos, pierden sus empleos. El derecho a la salud, garantizado por el artículo 18 de la Constitución, también se ve afectado. Los bloqueos impiden el acceso de los pacientes a los centros médicos y limitan el suministro de insumos necesarios para los hospitales, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas.
El marco legal boliviano define claramente los límites del derecho a la protesta, al mismo tiempo que protege otros derechos fundamentales. La CPE garantiza el derecho a manifestarse, pero exige que las protestas no infrinjan los derechos de terceros, como el libre tránsito o el acceso a servicios básicos. El Código Penal establece sanciones para quienes obstruyen vías públicas, tipificando este tipo de acciones como delitos.
En el ámbito internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha emitido jurisprudencia que subraya la necesidad de equilibrar el derecho a la protesta con otros derechos fundamentales. Bolivia, al haber ratificado tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está obligada a garantizar el respeto por ambos derechos, asegurando que las protestas no deriven en acciones que perjudican a la sociedad en su conjunto.
Históricamente, los bloqueos han sido una herramienta de presión, figuras como Evo Morales desempeñaron un papel trascendental, clave en la normalización de esta práctica, promoviendo el uso de bloqueos como medio de protesta social.
Los bloqueos generan costos sociales significativos, especialmente para las poblaciones más vulnerables, quienes dependen de la movilidad para acceder a servicios esenciales. Esta práctica ha normalizado la violencia como método de protesta, deteriorando la cohesión social y fomentando la idea de que el fin justifica los medios, sin importar el daño colectivo que se cause.
Es fundamental establecer un marco legal más sólido que regule las protestas, fortaleciendo la legislación actual para garantizar que el ejercicio del derecho a la protesta no vulnere los derechos de otros ciudadanos. Esto implica la creación de protocolos claros de intervención para que las autoridades actúen de manera eficiente y proporcional cuando los bloqueos perjudiquen el bienestar de la sociedad.
Además, es necesario crear espacios institucionales para el diálogo y la mediación, donde los conflictos puedan resolverse sin necesidad de recurrir a bloqueos. La participación de organismos internacionales como mediadores podría generar confianza entre las partes y promover acuerdos justos.
La educación cívica y la concientización sobre los derechos y deberes de la ciudadanía son importantes. Programas educativos enfocados en la promoción de métodos alternativos de protesta podrían reducir la dependencia de los bloqueos como mecanismo de presión y fomentar una cultura de diálogo y entendimiento.
Los bloqueos representan una crisis multidimensional que afecta la economía y los derechos de la población. Si bien el derecho a la protesta es fundamental para la democracia, su ejercicio no debe atentar contra otros derechos esenciales. Se necesita un nuevo pacto social que equilibre estos derechos, promoviendo formas de protesta que no vulneren la integridad de la sociedad.

El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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