La aceleración de créditos en el Legislativo apunta a cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda contraída por el gobierno, así también para la indemnización de empresas afectadas por nacionalización. El primer cuatrimestre de la presente gestión, el flujo de recursos fue negativo pues se obtuvo desembolsos de alrededor de 200 millones, pero en pagos superó los 400 millones de dólares.

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó un crédito de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que según el gobierno será destinado a poyar a las poblaciones vulnerables contra el covid, pero también para el Tesoro General de la Nación.

De acuerdo al Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa al 31 de diciembre de 2022 alcanzó a 13.300,3 millones de dólares, un saldo por desembolsar de 3.192,4 millones, siendo la deuda multilateral de 9.167 millones. El BID es el mayor acreedor con más de 4.000 millones, la bilateral es de 2.020 millones, China cuenta con la mayor participación y los títulos de deuda de 2.033,4 millones, sumando un total de 13.300 millones.

El economista Darío Monasterio recordó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, ya estableció que los ingresos corrientes sólo se destinarán a cubrir los gastos del aparato estatal, como sueldos, salarios y otros, mientras que la inversión pública será financiada con endeudamiento externo.

En la gestión de Evo Morales la inversión pública se financiaba con deuda externa solo el 32%, mientras que el resto era con recursos propios, ahora la situación cambió y empeora con la escasez de divisas.

Para Monasterio de a poco el Gobierno viene agotando el financiamiento externo y viene creciendo el interno, aun así todavía queda margen para contraer mayor deuda con organismos internacionales, como el BID.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en varias conferencias de prensa, dijo que Bolivia tiene margen para adquirir deuda, pues esta alcanza al 30% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, Monasterio lamentó que los recursos que vienen de afuera ingresen a una misma bolsa, o sea, para inversión pública y gasto corriente, debido a que los ingresos corrientes no alcanzan para los gastos del Estado, por lo tanto, tiene que ser financiado con deuda y queda reducida para la inversión pública.

Eso se evidencia cuando la semana pasada el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Marcelo Laura, explicó que los créditos solicitados, por más de 550 millones de dólares, al organismo internacional, constan de tres componentes: el primero, de 250 millones, que repondrá una parte de lo utilizado del Tesoro General de la Nación (TGN) en el pago del Bono Contra el Hambre, otorgado a finales de 2020 a la población vulnerable afectada por el covid-19, en una línea de crédito que se habilitó para los países que afrontaron de forma favorable los embates de la pandemia entre 2020 y 2021.

Sin embargo, un boletín de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de diciembre de 2020, asegura que el financiamiento del Bono Contra el hambre vino de un financiamiento del BID y el Banco Mundial, y que el proyecto del PGE 2021 dispone que los saldos que pudieran existir luego de cumplir con este beneficio se revierta al TGN.

La aclaración fue luego de que la Senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, declaró que el pago vendría de los fondos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFPs).

Monasterio señaló que en el largo plazo las autoridades tendrán dificultades para cumplir con sus obligaciones del servicio de la deuda, debido a la informalidad de la economía, la reducción de los ingresos corrientes y la falta de divisas en el mercado.

La situación de la economía es preocupante, pues las autoridades están en una encrucijada entre ingresos versus pago de la deuda, debido a que los que reciben el TNG es cada vez menor, por la caída de la venta del gas.

La informalidad toma más terreno, pues la presión tributaria y laboral provocaron que la actividad privada salga del sector formal.

El gobierno hará todo lo posible para raspar la olla hasta el 2025, porque no le importa las generaciones futuras, sino apunta a las elecciones, una irresponsabilidad de la actual administración de Estado, reflexionó.

Desembolsos

Mientras tanto, el economista y exdirector del BCB, Gabriel Espinoza, explica que no siempre la aprobación de créditos significa desembolsos de divisas, de inmediato, no sabe si el crédito del BID sea desembolsado en cantidad y que habría que preguntar a los representantes.

Alertó que hoy, hay un problema de flujo de divisas que recibe el país, en particular el BCB que cayó fuertemente, probablemente en los próximos meses y años va a seguir siendo negativo.

En el primer cuatrimestre del año, el país recibió 208 millones de dólares de créditos contratados, pero se pagaron más de 400 millones en servicio de deuda, un flujo negativo de divisas, sostuvo.

Eso explica la desesperación del gobierno para aprobar los créditos externos, que todavía están en tratamiento en la Asamblea Legislativa.

Para Espinoza la necesidad de créditos externos no tiene que ver con gasto corriente, sino para honrar el servicio de la deuda contraída y ni siquiera para el subsidio o la inversión pública.

«(Los créditos están siendo) utilizados sólo para pagar deuda contratada antes, por este motivo no publica datos», lamentó Espinoza a tiempo de indicar que a pesar de los créditos contratados, las obligaciones superan los ingresos.

Recuerda que todavía Bolivia tiene margen para contraer deuda, pero también puede aplicar lo que hizo en 2022, cuando puso a disposición bonos soberanos de 2.000 millones y sólo logró 850 millones para reprogramar el financiamiento.

Los problemas de servicio de deuda provoca crisis y en los 80 el país pasó por esta situación. Espinoza dijo que hay que preguntar al Gobierno cuán sostenible es el servicio de la deuda en el cortísimo plazo, y responde que es negativo ya que se necesita dólares.

La escasez de dólares que registra el mercado nacional continúa a pesar de que el BCB aseguró que se normaliza la venta de la divisa.

Además, la balanza energética es negativa, salvo en enero, pero los números negativos vienen desde septiembre de 2022, y el gobierno demanda divisas, reflexionó.

A eso hay que mencionar que en julio se cumple el plazo para que el gobierno pague a la AFP Previsión de 105 millones de dólares.

La compensación sería por el «retraso injustificado» en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones que asciende a 92,8 millones de dólares y debe ser pagada en un año. Los restantes 10,2 millones son intereses desde octubre de 2020, según Página Siete.

La determinación es parte del laudo arbitral dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Pero también, se suma el vencimiento de los bonos soberanos, cerca de 200 millones de dólares, sumado al pago del fallo y las obligaciones de deuda, en realidad la situación se complica para el país.

Generar divisas

Por su parte, el economista y docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal, señaló las medidas que implementaron las autoridades del BCB para aumentar las reservas, así como la Ley del Oro para vender el metal y generar divisas estadounidenses.

Bernal dijo que la deuda externa ya es muy alta, supera los 13.000 millones de dólares y le extrañó el anuncio de algunas autoridades con respecto a reponer recursos al TGN por el pago del Bono Contra el hambre.

“Vemos desesperación del gobierno, no hay dinero, déficit fiscal es grande. No hay divisas para importar todos los insumos. Preocupante el manejo de la economía por la actual administración», reflexionó Bernal.

Apuntó a un mal manejo por parte del exministro de Economía y ahora presidente Luis Arce, que en su momento no aplicó políticas procíclicas.

Recordó que ya no hay boom de los precios de los commodities y los déficits constantes, provocaron la falta de dólares.

En su momento, el economista y docente de la Universidad Católica de Bolivia, Gonzalo Chávez, en sus redes sociales, recordó que en el boom de las materias primas el gobierno gastaba a manos llenas por los ingresos que generaba la venta del gas, pero se redujeron los ingresos y las autoridades no redujeron sus gastos, tomaron de las Reservas Internacionales, lo que derivó en una caída y ahora se refleja en la falta de dólares.

Bernal dijo que hay preocupación por los intereses que se pagan por los créditos internacionales. Bolivia antes tenía privilegios por ser un país con ingresos bajos, pero cuando ingresó a la categoría de medio, los tipos de interés subieron y se modificaron los tiempos.

Si bien el gobierno hace sus maniobras para llegar a fin de año, Bernal se pregunta qué hará el 2024, de dónde sacará recursos, porque lo que obtenga ahora será para la importación de combustibles y mantener el tipo de cambio.

El reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que Bolivia sólo tiene 39,09 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) ($us 53 millones), de un total de 394,26 millones ($us 538 millones), es decir, gastó alrededor del 90% de las reservas que tenían el respaldo de ese organismo internacional, según ANF.