La denuncia fue presentada el 11 de noviembre del año pasado por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y afín al Gobierno, Marcelo Mayta y aceptada por la Fiscalía de La Paz luego de dos días, a pesar que los hechos acontecieron en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Los delitos tipificados en la imputación son: terrorismo; resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes; racismo; discriminación; atentados contra la libertad de trabajo; atentado contra la seguridad de los servicios públicos; impedir o estorbar el ejercicio de funciones; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas.