El dictador sandinista sancionó la iniciativa de Ley que clausura y decomisa los bienes de la Cruz Roja Nicaragüense, una organización humanitaria que funcionaba desde 1931 tras un terremoto que sacudió Managua, a través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
La Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el régimen, derogó con carácter urgente un decreto legislativo de 1958 que creó legalmente la Cruz Roja Nicaragüense.
Ortega también ordenó la creación de una nueva “Cruz Roja Nicaragüense”, adscrita al Ministerio de Salud, y que todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Cruz Roja Nicaragüense pasen a ser propiedad del Estado y administrados por la nueva organización humanitaria estatal.
En opinión de los diputados sandinistas y sus aliados la Cruz Roja Nicaragüense actuó en contra de sus principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad en las manifestaciones que estallaron hace cinco años contra la dictadura, cuando la institución brindó auxilio a miles de heridos.
Las protestas de 2018 dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron más de 300 y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Aunque la ley que la regía era de 1958, la Cruz Roja Nicaragüense nació en 1931 y prestaba servicios de socorro en emergencias y accidentes.
Con 28 filiales en ciudades y pueblos del país, tenía unos 2.000 voluntarios y 63 ambulancias. También recaudaba sangre para hospitales y realizaba exámenes para la obtención de licencias de conducir.
En el mundo existen 192 sociedades nacionales de la Cruz Roja (y de la Media Luna Roja, en naciones musulmanas), según la Federación Internacional que las agrupa.
La clausura de la institución benemérita se suma al cierre de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales en los últimos cinco años, que en su mayoría fueron ilegalizadas desde inicios de 2022.
Nicaragua atraviesa desde entonces una crisis política y social que se acentuó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. (Infobae).