Miembros de la bancada de Creemos expresaron su preocupación por la integridad física y la salud de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionaron que instancias de Gobierno y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se pronuncien y apliquen medidas para precautelar los derechos de la activista.

Esta semana, parlamentarios de esta organización política y ciudadanos iniciaron una campaña de recolección de firmas, especialmente en la ciudad de Santa Cruz, para que la población denuncie ante organismos internacionales de defensa y protección a los derechos humanos, los excesos del Movimiento al Socialismo y sus grupos afines, en la toma forzosa e irregular de las oficinas de la Asamblea en la Sede de Gobierno.

Así mismo, se recordó que anteriormente esta agrupación remitió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando la aplicación de Medidas Cautelares en favor de Carvajal, considerando que es víctima de persecución y hostigamiento por el gobierno boliviano, además que sus derechos a la vida, salud, integridad física y el derecho a defender los derechos humanos se encuentran en riesgo debido a las acciones de grupos afines al gobierno la sede en la que ejerce sus funciones como defensora. La nota hasta la fecha no fue respondida aceptando o rechazando la petición.

“Exhortamos y protestamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atender con prioridad y con carácter de urgencia la solicitud de otorgamiento de medidas cautelares, toda vez que la misma se enmarca en los presupuestos del artículo 25 del Reglamento de la CIDH, peor aún ante la posibilidad real de que la propuesta beneficiaria pese a daños irreversibles a su vida y salud dada su condición de adulta mayor, y de las enfermedades que padece” indicaron miembros de creemos en conferencia de prensa.

En este sentido, desde Creemos se responsabilizó a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, y al gobierno de Bolivia por cualquier daño irreversible en su vida y salud que pueda sufrir la presidenta de la APDHB.

La carta firmada por los legisladores de Creemos recuerda también que “El artículo 25.5 del Reglamento de la Comisión prevé un tratamiento preferencial “cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora”, en cuyo caso la Comisión atenderá el asunto con mayor celeridad conforme a lo solicitado”.

Responsabilizamos al Gobierno boliviano de los daños y consecuencias que puedan producirse en perjuicio de la propuesta beneficiaria y a este Órgano Internacional por no atender con la celeridad requerida, la tutela de los derechos de Amparo Carvajal”, señala la carta de protesta de Creemos.

Esta semana, activistas denunciaron que Carvajal sufrió actos de tortura, después de haber subido a la terraza de la APDHB, puesto que grupos detractores instalaron un parlamente con volumen alto, además de gritar estribillos insultantes y amenazas de muerte en su contra.

Javier Quisbert, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, calificó lo sucedido como un acto de “tortura psicológica”, pues los movilizados en contra de Carvajal recurrieron a música estridente para afectar su salud emocional, todo ante la pasividad de efectivos policiales que agredieron a ciudadanos, activistas y medios de prensa.

Franco Albarracín, abogado de Derechos Humanos, acusó a grupos del MAS de instalar en horas de la noche un parlante a todo volumen al lado de Carvajal, difundiendo cantos denigrantes en su contra.

El viernes, después de dos días de emitirse una resolución, la Policía y la dirigencia paralela afín al MAS, fueron notificados sobre el fallo judicial a favor de Amparo Carvajal, para que pueda acceder a servicios básicos y a los ambientes de la sede.

“La Policía desde el miércoles, ya tendría que haber hecho cumplir esta determinación, dejando que la señora Carvajal se pueda movilizar dentro de la Asamblea. Nosotros dejamos en constancia y de manera pública esta resolución, de tal forma que nadie se niegue que se ha cumplido con las formalidades constitucionales”, informó el abogado Eduardo León.

El pasado miércoles, el Juzgado de Sentencia Penal Primero de La Paz concedió la acción de libertad que interpuso la octogenaria en contra del Comandante Departamental de la Policía y Edgar Salazar, que no se presentó en la audiencia. Además, determinó que Salazar se inhiba de realizar actos de amedrentamiento y hostigamiento.