Una ola de violencia recorre Brasil y, tras haber tocado el litoral paulista, tiene ahora como epicentro los estados de Bahía y Río de Janeiro. La situación es tan grave que el gobierno de Lula lanzó esta semana el programa de Lucha contra las Organizaciones Criminales (Enfoc), con una inversión de 900 millones de reales, unos 175 millones de dólares.

Entre los principales puntos del nuevo programa figuran una mejor integración de las instituciones, más controles fronterizos y una mayor eficacia de la justicia penal.

A principios de septiembre, el gobierno del estado de San Pablo anunció el fin de la operación “Escudo”, iniciada el 27 de julio en el litoral, cerca del puerto de Santos. El balance fue elevado. 600 personas fueron detenidas y 22 murieron. La operación había comenzado como reacción de la Policía Militar a la muerte de un joven policía, Patrick Bastos Reis, en la localidad costera de Guarujá.

Toda la región está controlada por el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC), que gestiona aquí la logística del tránsito de droga hacia Europa a través del puerto de Santos. La operación policial fue duramente criticada por la prensa y los expertos en seguridad pública.

Muchos habitantes de los barrios donde se produjeron las muertes denunciaron el comportamiento de los policías que, según ellos, habían ejecutado aleatoriamente a personas sólo porque habían salido de la cárcel o tenían antecedentes penales.

Sin embargo, Brasil no ha tenido tiempo de procesar los acontecimientos de San Pablo, ya que el estado de Bahía, empezó a llenar las portadas de los periódicos brasileños. Sólo en el mes de septiembre, más de 70 personas murieron en tiroteos entre la policía y facciones criminales, que a su vez se hacen la guerra entre sí. En particular, el Comando Vermelho de Río de Janeiro, el segundo grupo criminal más poderoso de Brasil, intenta apoderarse de zonas controladas por grupos locales como el Bonde do Maluco (BDM), provocando tiroteos en las calles, masacres, cobros de impuestos a los comerciantes y pánico entre la población.

La mayoría de los asesinatos se produjeron en los suburbios de Salvador. Uno de los íconos de la música brasileña, Caetano Veloso, originario de Bahía, también hizo oír su voz sobre esta emergencia. La semana pasada entregó una carta al Papa Francisco, en la que se declaró “asustado” por el aumento de la inseguridad en Bahía y Río de Janeiro, donde reside. “Ante esta situación de agravamiento de la violencia, pido a su Santidad que dirija su mirada y sus oraciones a nuestro país”, escribió Veloso.

Para el ministro de Justicia, Flavio Dino, “el escenario es desafiante”, pero descartó la posibilidad de una intervención federal. “El gobierno del estado está actuando. La intervención federal sólo es posible cuando el aparato estatal no hace nada de forma clara e inequívoca”, dijo.

En Bahía, el número de fusiles incautados hasta septiembre de este año se duplicó desde 2022, 48 frente a 22 el año pasado. El impacto de estas cifras en el elevado número de muertes violentas también es inevitable. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, sólo en Bahía hubo 6.659 asesinatos el año pasado.

A pesar de la disminución del 5,9% desde 2021, el estado es el primero en términos absolutos y el segundo más violento del país en términos proporcionales, sólo por detrás de Amapá. En Bahía se registraron 47,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Amapá 50,6. Además, las cuatro ciudades más violentas de Brasil están en Bahía: Jequié, con 88,8 muertes por cada 100.000 habitantes, Santo Antônio de Jesus (88,3), Simões Filho (87,4) y Camaçari (82,1).

Hay una disputa de mercado entre facciones. Además, lo que está ocurriendo ahora en Bahía tiene una correlación con lo que pasó en otros estados, es decir, algunos grupos que operaron en otros estados están conectados con los que están operando en Bahía.

No es casualidad que, además de Bahía, en las últimas semanas el estado de Río de Janeiro haya vuelto a elevar la alerta de seguridad pública. Desde hace un mes, los narcotraficantes lanzaron una amplia ofensiva contra los grupos paramilitares que controlan la ciudad, las llamadas milicias. En sólo 40 días, los enfrentamientos dejaron al menos 29 muertos y 11 heridos. En los últimos días, la policía civil de Río de Janeiro difundió imágenes estremecedoras que muestran a través de videos captados por drones, el entrenamiento militar de alto nivel de narcotraficantes en el grupo de favelas conocido como el Complexo da Maré, donde viven 140 mil personas.

Las imágenes muestran que el entrenamiento tiene lugar en un campo de fútbol y en una piscina de uso exclusivo de los criminales. El lugar bordea un jardín de infancia y está cerca de otras cinco escuelas.

El estado de Río de Janeiro registró un aumento del 17,3% en el número de homicidios en los primeros seis meses de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior, según el Índice Nacional de Homicidios creado por el sitio de noticias G1. En el primer semestre de 2023 se registraron 1.790 homicidios, frente a los 1.526 del periodo enero-junio de 2022. Esto supone una media de una muerte cada dos horas y media.

El aumento es el segundo mayor del país, sólo detrás de Amapá (65,1%). Entre los grandes problemas de Río de Janeiro, debido también a la conformación de la ciudad donde las favelas están encaramadas en «morros» y tienen una densidad urbana muy alta, está el de las balas perdidas durante tiroteos en las calles estrechas, que afectan principalmente a los niños. En 2023 ya 16 niños fueron baleados y siete de ellos murieron. El último caso, en agosto, es el de Eloah Santos, una niña de 5 años alcanzada por una bala que atravesó su ventana mientras jugaba en casa.

La violencia, antes en San Pablo, ahora en Bahía y Río de Janeiro, cobra un precio que tiene orígenes antiguos. Durante mucho tiempo Brasil pasó por alto las amenazas del crimen organizado. El Gobierno del país y algunos medios de comunicación evitaron incluso durante mucho tiempo llamar por su nombre a los principales grupos del crimen organizado. Según Ryan Berg, director del programa de las Américas del think tank de Washington Center For Strategic Studies and International Studies (CSIS) esta práctica fue tan generalizada que las políticas brasileñas se limitaron esencialmente a la contención, restringiendo los grupos criminales a regiones específicas, pero permitiéndoles conservar un poder significativo.

El Programa Nacional de Seguridad (Pronaci) lanzado por el gobierno de Lula en marzo de 2023 no se centró en el crimen organizado, prefiriendo priorizar los derechos humanos, como la violencia contra las mujeres y las políticas sociales para los presos. Según expertos en seguridad pública, el programa no logró conseguir reducir la violencia urbana y policial. Incluso el paquete lanzado esta semana para combatir el crimen organizado fue considerado “genérico” y elaborado a toda prisa por los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, en un momento en que el gobierno de Lula se encuentra bajo una intensa presión debido al crecimiento de la violencia en el país.

“La impresión es que hicieron este anuncio bajo presión”, dijo Rafael Alcadipani, profesor de la Fundación Getulio Vargas y miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública. “El hecho de que digan que el plan con los objetivos a alcanzar se presentará en 60 días sugiere que es algo que no se pensó y que la lucha contra el crimen organizado está fuera del radar”, añadió.

Falta también transparencia en los datos sobre los que luego se pueden adaptar las políticas de seguridad pública. Un informe publicado en los últimos días por centros de estudios de seguridad pública como el Instituto Sou da Paz y centros de investigación periodística como la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), analizó la transparencia de los datos de seguridad pública en los sitios web de las secretarías de seguridad de los 27 estados de Brasil. Sólo ocho cumplían todos los criterios, entre ellos San Pablo y Río de Janeiro. Roraima y Acre, en el norte de Brasil, fueron los peores y no publicaron ningún dato sobre criminalidad. En el caso de Roraima, el sitio web está incluso en mantenimiento, desde 2021. (Infobae)