La diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Priscila Dantes, denunció ayer que, a pesar de los compromisos suscritos el 2021 para ejercer control estatal, continúa la explotación ilegal de oro en el cerro San Simón, ubicado en la provincia Iténez, departamento del Beni, ante el silencio cómplice del Gobierno nacional, la Gobernación del Beni y las alcaldías municipales.

Dijo que ese año, el Gobierno nacional decidió abrir oficinas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y Senarecom para controlar la explotación y comercialización de oro y, sin embargo, se tiene que hasta el momento las empresas Bolivia Precius Metals SA y Bolivia Valuable Metals SA tienen una deuda de 72 millones de bolivianos por regalías desde agosto 2021 a marzo de 2022.

Señaló que en parte también hubo dejadez de la Gobernación del Beni porque después de casi dos años, recién reglamentaron su Ley Minera y porque no destinaron recursos suficientes para que la Secretaría de Minería y sus direcciones puedan realizar su trabajo y “porque también se vieron salpicadas por hechos de corrupción”.

La diputada beniana explicó que están acudiendo al Ministerio de Minería y a la Secretaría Departamental de Minería a raíz de algunas informaciones extraoficiales en sentido que “hubiera ciertos contubernios y manipulación” en favor de la explotación ilegal.

Manifestó que llama la atención la actitud de la Gobernación de no cobrar los 72 millones de bolivianos. “Ahí nos preguntamos ¿Por qué no se hace el cobro? La verdad es que te hace sospechar que hubiera ciertos hechos de corrupción. No lo podemos afirmar y por eso estamos pidiendo información”, comentó.

Explicó que Senarecom se instaló en el Beni, pero funciona como una oficina de correspondencia que depende de La Paz, mientras que la AJAM “nunca quiso abrir oficinas” menos controlar la explotación aurífera en Riberalta y sobre las riberas del río Beni, donde hay más explotación de oro.

“Lamentablemente no han cumplido estos acuerdos ni el gobierno departamental, municipal, peor aún el Gobierno nacional que más bien es cómplice, fomentando de alguna u otra manera la explotación informal y también ilegal”, declaró la legisladora de oposición.

Criticó la falta de información oportuna para fiscalizar debido a que la AJAM demora entre seis y ocho meses en responder a las peticiones de informe escrito, demostrando una falta de coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Minería que favorece la ilegalidad de las operaciones de explotación.

A fin de facilitar el control, anunció que junto a sus colegas parlamentarios están impulsando un proyecto de ley para descentralizar las oficinas de la AJAM y de esa manera se pueda hacer un mejor seguimiento a la explotación de oro en el cerro San Simón, una de las mayores reservas de oro en el departamento del Beni. (Erbol).