La propuesta es que el régimen organice esta etapa de los comicios genera controversia, ya que la intención de la dictadura es crear una disyuntiva en la oposición.
El anuncio se produciría en un contexto en el que el proceso electoral de Venezuela se convirtió en un tema central de discusión, con implicaciones significativas para el futuro político del país. El CNE, bajo la conducción de la anterior directiva, dejó pendientes varios aspectos importantes sobre la realización de las primarias.
Algunos líderes de la oposición como María Corina Machado, quien se presenta como la gran favorita para ganar la elección, manifestó escepticismo sobre la voluntad real del régimen.
Tanto Machado como otros dirigentes señalaron que las experiencias pasadas demostraron que el CNE puede estar sesgado en favor de la dictadura, lo que genera preocupaciones sobre la imparcialidad de un proceso organizado por el régimen.
Por otro lado, algunos miembros de la oposición ven la oferta del CNE como una oportunidad para avanzar hacia unas elecciones más inclusivas y democráticas.
La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela denunció que persiste el amedrentamiento por parte del régimen chavista contra organizadores regionales de las primarias, que el antichavismo celebrará el próximo 22 de octubre para elegir a su candidato para las presidenciales de 2024.
La Comisión Nacional de Primarias (CNP), encargada de estos comicios, instaló el pasado julio juntas regionales en Caracas y los 23 estados del país, integradas por más de 240 ciudadanos, para la organización de las elecciones internas.
La PUD aseguró que, el régimen de Nicolás Maduro ejecuta un perverso plan que busca impedir las primarias y que tiene el objetivo de captar a miembros de las juntas regionales para pedirles que renuncien a sus funciones.
La plataforma reiteró su reconocimiento a la CNP, así como a los más de 240 miembros de las juntas, quienes se mantienen firmes en su compromiso con la lucha por el cambio democrático.
Las internas opositoras están bajo amenaza de suspensión, luego de que en julio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiera para su estudio un amparo constitucional que busca disolver este proceso.
El régimen de Nicolás Maduro y la oposición comenzaron un proceso de diálogo en México en agosto de 2021, el cual quedó paralizado dos meses después por decisión del oficialismo. (Infobae)