Reiterando el pedido por una pronta abrogación del paquete de leyes denominadas “incendiarias”, desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se exigió a autoridades de todos los niveles de gobierno, así como a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) asumir todas las medidas posibles para detener el “ecocidio” que tiene lugar en el país a causa de los incendios forestales.

Mediante un comunicado emitido por el ente defensor de la democracia, se expuso a detalle el contenido de las leyes que en la actualidad permiten y alientan la quema indiscriminada de grandes extensiones de tierra con fines agrícolas y otras actividades, que atentan contra la integridad de bosques y el medio ambiente.

“Solo de esta forma se podrá garantizar el cese permanente de los incendios de los bosques en Bolivia, garantizando los derechos de la naturaleza y de la población, la generación de agua, la protección de nuestra biodiversidad y de nuestro patrimonio”, indica la nota.

Las normas que se exige que sean abrogadas son:

1. El Plan de Uso de Suelos PLUS del Beni que, fue aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental del Beni a partir de la mayoría del Movimiento Al Socialismo en 2019, excluyendo a los actores sociales y complementando las leyes incendiarias emitidas por el gobierno central de Evo Morales. Esta norma atenta contra la Amazonía, territorios indígenas, áreas arqueológicas y patrimoniales.

2. El Decreto Supremo N° 3874 que, de manera excepcional, autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiésel. Este Decreto Supremo vulnera Leyes de la Madre Tierra, el Protocolo de Cartagena y una decena de otras normas.

3. El Decreto Supremo N° 4334, que autoriza el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni dispuestas por el PLUS a criterio reglamentario de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT. Esta autorización vulnera los principios forestales y genera incendios autorizados.

4. Las leyes denominadas “perdonazo” N° 337, N° 502, N° 739, N° 952, que establecen un perdón para predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 2017. Todas ellas llevan el rótulo de “apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques”, además de fijar y ampliar los plazos para el registro a un programa donde todos los autores de quemas e incendios eran exonerados de responsabilidad penal, civil y administrativa a cambio de “sembrar alimentos y árboles”.

Se señala que las áreas deforestadas nunca sufrieron la “restitución de bosques”, y por el contrario al objetivo propuesto, se utilizaron las nuevas extensiones de tierras para sembrar forraje, cargar ganado y productos para alimentar a animales. Estas normas vulneran la Constitución Política del Estado, la Ley del Medio Ambiente, la Ley de la Madre tierra, la Ley Forestal, entre otras.

5. La Ley N° 740 de ampliación al plazo de verificación de la Función Económica Social, que suspende las reversiones de tierras no saneadas y neutraliza el control del Estado sobre su uso y evita la consumación de medidas coercitivas en su contra.

6. La Ley N° 741 que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias; el texto de la norma posibilita una quema descontrolada: “…en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente, sin la presentación de Planes de Ordenamiento Predial – POP, o de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas, y asentamientos humanos con Resolución de Autorización, de forma expedita y simplificada”.

El efecto real de la norma es la quema descontrolada de bosques de parte de colonizadores e interculturales, que se suman a grandes propietarios y traficantes de tierras, generando un grupo de personas que se camuflan como pueblos indígenas.

7. La Ley N° 1171 para uso y manejo racional de quemas, no debe tener parangón a nivel mundial, pues le confiere al incendiario la capacidad “racional” de controlar el incendio provocado, algo que está demostrado en todo el mundo, que no es posible de controlar y normar.

8. La Ley N° 1098 que promueve la ampliación de los cultivos para la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal (Etanol Anhidro y Biodiésel), dada la crisis de importación de carburantes. La subvención de carburantes tiene un costo económico al cual no se le puede agregar el costo ambiental de enormes consecuencias que significa quemar bosques, los mismos que nos brindan servicios insustituibles, como lo es la generación de lluvia y la protección y regeneración de la biodiversidad. Usar diésel subvencionado para producir agrocombustibles destinados a la “mescla del carburante” y pensar que de esta manera se reducen costos es un error y una irresponsabilidad con el patrimonio y los intereses nacionales.

“El Conade exige a las autoridades departamentales, nacionales y la Asamblea Legislativa Plurinacional abrogar el paquete de normas incendiarias (once cuerpos legales) y asumir todas las otras medidas complementarias para parar el ecocidio en marcha en Bolivia”, concluye la nota.