“El día de hoy (ayer) el juez Marco Antonio Amaru, juez primero de instrucción de El Alto, ha determinado revocarle la detención domiciliaria que le había otorgado, en mayo, pese a que no salió ni un solo día de San Pedro porque no pudo pagar la fianza de 50.000 bolivianos y 50.000 bolivianos más que tenía que haber sido acreditado a través de una anotación preventiva”, dijo el abogado Jorge Valda a través de sus redes sociales.
El jurista recordó que Uría está detenido hace más de un año por el delito de tráfico ilícito de armas sin tener un arma en su poder.
“A él le han fabricado el proceso de tráfico de armas sin contar con una ola arma (…). No existen víctimas porque no existen delitos, el único apersonado es el Ministerio de Gobierno y a pedido de ellos el juez Amaru decide revocarle la detención domiciliaria que había sido dispuesta el 19 de mayo de 2023”, precisó.
Para el jurista, el sistema de justicia está alcanzando niveles superiores de arbitrariedad, donde contra toda lógica los jueces toman determinaciones incluso con información falsa.
“No han presentado ninguna prueba contra Raúl Uría, sin embargo, el juez Amaru le da la razón al Ministerio de Gobierno, se presta al juego del Ministerio de Gobierno y señala que debe permanecer tres veces más, hasta el 29 de diciembre, por haber incumplido el pago de la fianza, como si fuera un castigo, cuando la medida cautelar no es un castigo, pero por esta maniobra absurda él debe permanecer tres meses más en prisión”, apuntó.
Valda calificó a este modelo de razonamiento del juez Amaru como “muy peligroso” debido a que de ser implementado en otros casos “sería muy fácil para los jueces determinar fianzas de imposible cumplimiento y después revocar la libertad por el solo hecho de no haber pagado el dinero que de ninguna manera una persona podría conseguir, más aún cuando atravesamos una crisis económica”.