El CIDH, según su informe, resaltó que lo ocurrido a las víctimas se enmarcó en el contexto de la persecución y represión estatal, contra personas disidentes políticas y defensoras en Cuba, con el objetivo de obstaculizar o paralizar la labor de defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Payá y Cepero murieron en un accidente de tráfico en 2012, que había sido provocado por otro vehículo que embistió el coche en el que viajaban y lo sacó de la carretera, ocasionado por los servicios secretos cubanos.
El español Ángel Carromero, entonces vinculado al PP y que conducía el vehículo en el que viajaban los opositores, sobrevivió al supuesto atentado, fue procesado y condenado a cuatro años de cárcel, lo que le llevó a pasar cinco meses en una cárcel de la isla antes de ser trasladado a España.
El CIDH estableció que el Estado cubano violó los derechos a la justicia y de petición, vulnerando las garantías judiciales, así como los derechos a la integridad personal, a la vida, honra y libertad de expresión, luego de que negara los argumentos de la defensa.
Además, los familiares de Payá no obtuvieron acceso a los informes de autopsia, ni al contenido de las pesquisas realizadas. Mientras que no permitieron a Carromero que apelase la sentencia ni solicitara pruebas, después de ser detenido ilegalmente, siendo amenazado por las autoridades para confesar su supuesta responsabilidad.
Con todo, el CIDH instó a las autoridades cubanas a cumplir con las recomendaciones del informe, entre las que destaca la reparación material e inmaterial de las víctimas y familiares, e iniciar investigaciones efectivas para esclarecer los hechos, identificar a los responsables, e imponer sanciones.
La hija de Oswaldo Payá, Rosa María Payá, ratificó en Twitter que el dictamen de la CIDH evidencia que el Estado cubano es el responsable del «asesinato». «Nada podrá compensarnos, pero ahora estamos más cerca de la justicia que llegará para todos los cubanos cuando se cumpla tu sueño de libertad, papá», dijo la activista. (Europa Press).